La Contraloría General de la República (CGR) otorgó un plazo de diez días a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, para que remitan antecedentes sobre el oficio reservado mediante el cual la exfiscal solicitó información de funcionarios de la PDI vinculados al caso “Clan Chen”, en la región de Tarapacá.
La solicitud —revelada por Radio Bío Bío— fue enviada el 13 de marzo, pocos días después de que Steinert asumiera en la cartera, e incluía datos sensibles como traslados, sanciones y denuncias. El requerimiento fue interpretado como una revisión exhaustiva e inusual del equipo policial involucrado.
Posteriormente, la entonces subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, respondió al oficio y, tras reunirse con la ministra y Cerna el 20 de marzo, fue llamada a retiro. Su salida generó cuestionamientos desde distintos sectores, donde incluso se planteó la posibilidad de que estuviera vinculada a las solicitudes de traslado de Peña a funcionarios que trabajaron con Steinert en la causa del norte.
La intervención del organismo contralor se produce luego de una solicitud de pronunciamiento presentada por el diputado socialista, Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Con este requerimiento, la Contraloría busca determinar si el oficio se ajustó a derecho o si implicó una eventual intervención indebida en funciones propias del Ministerio Público y de las policías en el marco de investigaciones penales.
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