La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón de las resoluciones de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) que modifican y actualizan los contratos actualmente vigentes con la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) hasta el año 2030, así como de los nuevos contratos que regirán entre 2031 y 2060, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.
En su oficio, el ente fiscalizador señaló que las observaciones formuladas previamente fueron subsanadas por Corfo, permitiendo así la tramitación de los actos administrativos que dan sustento jurídico a la continuidad y redefinición de la explotación del litio en el Salar de Atacama.
El documento detalla que las resoluciones contienen, por una parte, las escrituras públicas que modifican y fijan el texto refundido y actualizado de los contratos vigentes entre Corfo y SQM, y por otra, los nuevos contratos suscritos entre Corfo y la sociedad Minera Tarar SpA, que regirán desde 2031 hasta 2060. Estos últimos se enmarcan en la asociación público-privada impulsada por el Estado para el desarrollo estratégico del litio.
En relación con la Estrategia Nacional del Litio, la Contraloría examinó el diseño institucional de la asociación público-privada, el régimen de control y supervisión estatal, el gobierno corporativo de la nueva sociedad operadora y los mecanismos destinados a resguardar los intereses fiscales. En ese sentido, el organismo recalcó que el Estado debe mantener un rol efectivo de control, acorde con los principios de juridicidad, probidad y protección del patrimonio público.
Asimismo, el oficio aborda materias financieras y contables vinculadas a los contratos, como la correcta determinación de pagos, regalías y beneficios económicos para el Estado, precisando que estos deben ajustarse estrictamente a lo establecido en los actos administrativos y en la normativa vigente.
Finalmente, la Contraloría reiteró que su toma de razón no implica un pronunciamiento sobre la conveniencia o mérito de las decisiones de política pública, sino únicamente sobre su conformidad con el ordenamiento jurídico, subrayando que cualquier modificación futura a los contratos deberá someterse nuevamente a los controles legales correspondientes.
Corfo deberá informar antes del 31 de diciembre de 2025 sobre el cumplimiento de todos los alcances e instrucciones impartidas.
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