El Ciudadano
La denuncia sobre un millonario contrato adjudicado por el Poder Judicial abrió nuevos cuestionamientos sobre la gestión administrativa de la institución.
La Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ) solicitó a la Corte Suprema abrir un sumario en contra de las ministras María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales, argumentando que ambas habrían impulsado, mediante trato directo, la adjudicación de un contrato por $470 millones a una empresa que no contaba con la experiencia requerida, ya que había sido constituida menos de un año antes.
La próxima semana, el Pleno de la Corte Suprema deberá revisar la denuncia presentada contra ambas ministras y definir los pasos a seguir.
¿Cómo se adjudicó el contrato que hoy está bajo cuestionamiento?
odo comenzó cuando la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) adjudicó, mediante trato directo, un contrato destinado al desarrollo de un buscador unificado de resoluciones judiciales y un sistema de anonimización de sentencias a la empresa Replai SpA. La decisión se justificó en la supuesta experiencia de la firma en los servicios requeridos, pese a que había sido constituida menos de un año antes y aún no registraba trayectoria comercial. De hecho, sus primeras facturas fueron emitidas precisamente en el marco de este convenio con el Poder Judicial, situación que despertó cuestionamientos sobre el proceso de contratación.
El 12 de octubre de 2023 la empresa emitió la primera factura asociada al contrato, por un monto superior a los $47 millones.
De acuerdo con antecedentes publicados por El Mostrador, la reciente creación de la sociedad generó dudas respecto de su capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud. Entre los elementos mencionados se encuentra que la empresa aún no registraba clientes, historial de facturación, pago de IVA ni declaraciones de renta al momento de adjudicarse el contrato, lo que abrió interrogantes sobre cómo habría acreditado los requisitos financieros exigidos.
En ese contexto, las mismas fuentes sostienen que la ministra María Cristina Gajardo habría respaldado la iniciativa y que representantes de Replai mantuvieron reuniones con funcionarios del Departamento de Informática de la Corporación antes de que el contrato fuera formalmente suscrito.
Asimismo, se señala que tanto Gajardo como la ministra Adelita Ravanales habrían participado en la autorización de pagos mediante correos electrónicos y en la firma de los Formularios Únicos de Recepción de Bienes y Servicios (FURBS). Además, Gajardo figuraba como coordinadora del proyecto.
Según el citado medio, especialistas consultados consideran que dichas actuaciones podrían apartarse del procedimiento habitual, ya que la recepción de los servicios y la autorización de contratos de esta naturaleza corresponden, por regla general, a autoridades administrativas y no a ministras de la Corte Suprema.
A ello se suma que el Consejo Superior de la CAPJ autorizó reemplazar las boletas de garantía inicialmente exigidas por un certificado de fianza equivalente a 1.298 UF, una decisión que también ha sido objeto de cuestionamientos.
Posteriormente, tras recibir cerca de $500 millones por la etapa de diagnóstico del proyecto, Replai presentó una nueva propuesta para desarrollar el software definitivo, cuyo monto superaba los $1.100 millones, más IVA. Sin embargo, esa iniciativa no fue aprobada de inmediato y quedó sujeta a la evaluación de una comisión técnica.
OTJ insiste en investigar a las ministras y evalúa solicitar su remoción
En conversación con El Ciudadano, Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), declaró que, con los antecedentes conocidos hasta el momento, se evidencian claros indicios de un eventual caso de corrupción que deben ser analizados e investigados.
Además, recordó que la OTJ es la organización que solicitó la apertura del sumario administrativo contra ambas ministras, por lo que esperan que el pleno de la corte realice las investigaciones correspondientes.
Asimismo, anunció que están analizando la posibilidad de solicitar en el corto plazo que la Corte Suprema inicie el procedimiento contemplado en el artículo 80 de la Constitución —que regula el procedimiento para solicitar la remoción de ministros de los tribunales superiores por notable abandono de deberes o mal comportamiento— bajo el argumento de mal comportamiento por parte de los jueces al abrir el cuaderno de remoción, lo que consideran hechos de alta gravedad.
«Son hechos de tal gravedad que lo ameritan, ponderando, además, que la misma Corte Suprema ha establecido este criterio para el caso de las licencias médicas. Por lo tanto, cuando hay indicios de un caso como este, lo que corresponde es que se aplique la misma sanción y la misma medida respecto de la remoción de estas dos ministras» , concluyó.
Mientras la Corte Suprema se prepara para revisar la denuncia presentada por la OTJ, el caso continúa generando cuestionamientos sobre los mecanismos de control y transparencia en los procesos de contratación del Poder Judicial. La decisión que adopte el máximo tribunal marcará el rumbo de una investigación que podría derivar en nuevas medidas administrativas respecto de las ministras involucradas.
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