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SEÑOR DIRECTOR:

Con ocasión de la reciente objeción de la Contraloría General de la República (CGR) a la toma de razón de dos Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), han surgido voces que critican su proceder, argumentando que afectaría la necesaria certeza jurídica para la implementación de la Estrategia Nacional del Litio o, más propiamente, de la Estrategia “Estatal” del Litio, al otorgar una preeminencia excesiva a la intervención y participación del Estado en el negocio.

Sin embargo, conviene tener presente que no se requerirían ni los CEOL —institución que encierra en su esencia discrecionalidad política y administrativa— ni la toma de razón de la CGR si el litio pudiera ser objeto de concesión.

En ese sentido, el camino más eficaz para otorgar certeza jurídica a los inversionistas privados sería convertir al litio en una sustancia plenamente concesible —como ocurre con casi la totalidad de los minerales—, que otorgue al titular todos los derechos y obligaciones que reconoce la legislación minera.

No obstante, persisten motivos de carácter ideológico que han impedido avanzar en esa dirección. Mientras el “entuerto” o “paradoja” del litio —como lo ha denominado el centro de estudios Pivotes— siga sin resolverse, el país continuará perdiendo liderazgo y participación en el mercado mundial.

Cabe preguntarse si alguna vez tendremos la madurez política para revisar y corregir, dejando de lado el prejuicio hacia el sector privado, la Estrategia Nacional del Litio y su marco regulatorio.

Francisco Orrego Bauzá

Ex subsecretario de Minería