Corrupción en lo público

Corrupción en lo público

La creciente corrupción que se advierte en el ámbito del Estado en estos días, nos recuerda lo feble de la condición humana y la necesidad de enfrentar esta realidad con toda la fuerza de la ley. Lo público debe ser siempre una preocupación social, involucre a no al mundo privado, por la necesidad de preservar los valores que sustentan la sociedad y que, desfigurados, acusan descomposición y decadencia.

El agrio debate suscitado por los casos ProCultura y fundaciones remece al gobierno, como antes ya sucedió. Tanto ayer como hoy se debe preservar el respeto e independencia de las investigaciones del Ministerio Público y las decisiones de los jueces. Sin perjuicio de ello, lo ocurrido evidencia la imperiosa necesidad de rectificar el manejo de los fondos fiscales por los gobiernos regionales.

Tampoco es nuevo. El crecimiento económico y la voluntad de descentralizar el poder llevó a reforzar los gobiernos locales, dotándolos de atribuciones y cuantiosos recursos. Lamentablemente, al cabo de los años, las denuncias por fraudes, malversación y cohecho, inundan las gestiones municipales. La información de 2024 da cuenta de una realidad inempeorable: 40% de los municipios involucrados en procesos penales y 642 causas investigadas por fiscales.

Este fenómeno se ha extendido a los gobiernos regionales, que en el último tiempo recibieron mayores competencias y dineros. Al poco andar, el balance deja un total de 39 causas por los delitos mencionados. Se confirma que la ocasión hace al ladrón.

Las autoridades, indagadas por las instituciones competentes, deben testimoniar sumisión a la ley, sin victimizarse. Más aún, recordando sus críticas anteriores desde la oposición, están obligadas a ser proactivas en vigorizar el arsenal preventivo, disuasivo, fiscalizador y correctivo ante hechos de esta naturaleza. O sería hipocresía.

Hemos progresado promulgando leyes que procuran ese fin respecto del sector privado, quizás pensando que la corrupción está solo vinculada a intereses económicos de ese origen. No hemos obrado con la misma determinación ante conductas propias del sector público.

Gracias a la dictación de normas constitucionales y legales sobre transparencia y probidad, financiamiento de la política y otras materias afines, se ha avanzado mucho en 20 años, pero no es suficiente. Hemos abordado débilmente la integridad en la administración pública. Así, un proyecto de ley enviado en 2022 sobre probidad municipal camina a paso lento y su texto no incluye los gobiernos regionales ni el nacional.

Los casos que hoy encienden el debate se deben investigar sin paralizar las acciones legislativas que exijan el buen comportamiento de autoridades y funcionarios públicos vía compliance, códigos de ética, auditorías robustas (incluyendo a la Contraloría General de la República), mayores penas y el impulso de medidas destinadas a fortalecer una cultura de honradez y rectitud en lo público.

La moral ordena, la ley coerce.

Por Hernán Larraín, abogado y profesor universitario