El Ciudadano
Por Ayelén Marimon Fuentes
Las Condes es la comuna con más recursos municipales por habitante: casi un millón de pesos por persona. Y, al igual que las otras 345 municipalidades del país, entrega beneficios sociales a sus vecinos y vecinas mediante resoluciones. En esta oportunidad quiero que hablemos de dos, emitidas por dicha municipalidad en abril de 2017 y 2018, con el propósito de «apoyar y facilitar la continuidad de estudios a alumnos con excelencia académica, cuyas familias presenten dificultades económicas». Ambos documentos contienen una tabla con los nombres de los alumnos beneficiados: quinientos mil pesos por cada uno, girados a nombre del Colegio Alemán de Santiago. Para ese colegio, esa suma representa menos del 7% de su arancel anual: un pelo de la cola.
En la lista de beneficiarios de 2018, Sara Mayer-Beckh Véliz aparece en el noveno lugar y su hermano en el duodécimo. Ambos ya figuraban en la resolución del año anterior.
Es necesario precisar algo desde el comienzo: en 2017 Mayer-Beckh era menor de edad, y este tipo de beneficios los gestionan los apoderados. La declaración socioeconómica debe firmarla un adulto y la evaluación queda en manos de una comisión municipal bastante reservada. Con todo, quien quiera leer aquí una acusación de fraude no va a encontrarla. Aunque debo reconocer que cuesta comprender que los hijos del socio fundador de una corredora de propiedades que vende casas lujosas en Chile y Estados Unidos, y de una de las directoras del Prince of Wales Country Club, sean estudiantes transitando por «dificultades económicas». En fin.
Hoy, esa adolescente cuya familia recurrió a un beneficio financiado con recursos municipales es una adulta que participa del debate público cuestionando el gasto estatal y calificando de “estupideces” determinados beneficios sociales. Sus posiciones coinciden además con argumentos del Partido Nacional Libertario sobre el tamaño del Estado y la carga tributaria, cuyos parlamentarios terminaron respaldando la megarreforma tributaria impulsada por el ministro Quiroz. Porque es sencillo considerar excesivos los beneficios sociales cuando la propia experiencia con ellos fue un descuento marginal sobre un arancel de siete millones de pesos.
Porque quinientos mil pesos pueden ser «una cifra más» en un decreto municipal de una comuna rica. Pero en una comuna vulnerable de la Región Metropolitana son materiales de construcción suficientes para techar dos habitaciones de una vivienda social, quince cajas de mercadería completa con gas licuado, una silla de ruedas eléctrica, el financiamiento de un operativo para sanitizar y desratizar blocks, o los recursos que necesita una escuela para resolver una urgencia. El dinero público no vale lo mismo cuando se mira desde distintos lugares.
En ese marco, el sistema de financiamiento municipal chileno funciona sobre una estructura profundamente desigual y, al mismo tiempo, contribuye a reproducirla. En términos simples: cada comuna recauda de acuerdo con su propia base tributaria, y una de las principales fuentes de esa recaudación son las contribuciones, el impuesto territorial que pagan los propietarios de bienes raíces. De lo recaudado por ese concepto, cada municipio aporta al Fondo Común Municipal, que luego se redistribuye con criterios solidarios para beneficiar a las comunas con mayores necesidades y menor capacidad de recaudación.
Es decir, las contribuciones que se pagan en comunas con propiedades de mayor valor no permanecen íntegramente allí. Una parte importante alimenta el Fondo Común Municipal y permite financiar comunas con una base tributaria mucho menor. No se trata de caridad ni de un accidente del diseño: es uno de los principales mecanismos redistributivos del sistema municipal chileno. Pero ese esquema sufrió un cambio en la madrugada del 15 de julio, cuando se aprobó una modificación que reduce la recaudación proveniente de contribuciones pagadas por adultos mayores de mayores ingresos. Según las estimaciones, el monto involucrado bordea los US$200 millones. Esa modificación forma parte de la megarreforma tributaria impulsada por el ministro Quiroz, respaldada también por parlamentarios cuyas posiciones sobre el tamaño del Estado comparte Mayer-Beckh.
En una comuna con la capacidad presupuestaria de Las Condes, una merma de ingresos de ese tipo puede tener efectos muy distintos a los que produciría en municipios con menor capacidad de recaudación. Por eso la reforma no es neutra, aunque se presente como tal: reducir la recaudación territorial puede significar un ajuste incómodo para las comunas más ricas y un problema estructural para aquellas que dependen en mayor medida de la redistribución. Y quienes la defienden con más entusiasmo tienden a vivir, trabajar y haberse educado del lado donde solo produce incomodidad.
Y ahí aparece la contradicción que esta columna busca señalar. La hipocresía no está en haber recibido aquella beca, sino en construir posteriormente un discurso público crítico de los beneficios sociales sin hacerse cargo de que su propia familia recurrió a uno de ellos. Ese mismo Estado, en su versión más generosa y menos justificable, pagó parte de la educación premium a la que acceden cinco de cada cien niños en Chile.
Porque eso es lo que finalmente separa a quienes discuten el tamaño del Estado desde una pantalla y a quienes lo discuten desde la lista de espera. Para unos, achicarlo es una idea. Para otros, es quedarse sin la única cosa que alguna vez los sostuvo. Quien nunca ha dependido de ese apoyo puede darse el lujo de mirar al Estado como un exceso; para otras personas, en cambio, ese mismo Estado puede ser la única red disponible.
Eso no es coherencia ideológica. Es tener la red puesta y pedir que la corten.
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor/a y no necesariamente representan la línea editorial de El Ciudadano
La entrada Cortar la red en Las Condes: beneficio municipal, privilegio y discurso contra el Estado se publicó primero en El Ciudadano.
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