La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Luis Antonio Castillo Fernández, confirmando la condena de 11 años de presidio efectivo en su contra como autor del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, cometido el 21 de noviembre de 2019 en la comuna de La Cisterna.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó que existieran errores de derecho en la sentencia dictada por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que había establecido la responsabilidad penal del exsuboficial mayor de Carabineros.
La resolución sostiene que las causales invocadas por la defensa fueron “manifiestamente mal formalizadas”, lo que obligó a desestimar el recurso, al tratarse de un mecanismo jurídico de carácter estricto que exige fundamentos correctamente formulados.
Asimismo, el tribunal concluyó que la sentencia original cumplió con todos los requisitos legales de fundamentación, razonamiento y valoración de la prueba. En ese sentido, indicó que el fallo contenía un análisis completo de los antecedentes presentados durante el juicio oral, incluyendo los testimonios y la declaración del imputado.
La corte también rechazó los cuestionamientos relacionados con la trayectoria previa del condenado, señalando que esta circunstancia sí fue considerada como una atenuante. Además, descartó que la negativa del imputado a un procedimiento abreviado pudiera influir en la valoración judicial, ya que no constituye un elemento probatorio válido.
Hechos acreditados
El fallo ratificado estableció que alrededor de las 16:30 horas del 21 de noviembre de 2019, en la intersección de avenida José Miguel Carrera con avenida Ossa, el entonces funcionario policial agredió injustificadamente a un adolescente de 14 años mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones.
Según la sentencia, el exsuboficial golpeó al menor en la cabeza, el ojo derecho y el tórax, provocándole graves lesiones oculares, entre ellas conmoción retinal, edema de Berlín y uveítis traumática.
Como consecuencia de estas lesiones, la víctima sufrió ceguera legal permanente, diagnóstico confirmado por el Hospital del Salvador.
Con esta decisión, la Corte confirmó íntegramente la sentencia condenatoria dictada en agosto de 2025, dejando firme la pena de 11 años de presidio efectivo contra el exfuncionario policial.
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