El Ciudadano
La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $100.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral a una persona que teniendo 6 años vio junto al resto de su familia como su padre y hermano mayor (sin militancia política) fueron ejecutados por efectivos del Retén de Carabineros de Cobquecura, el 17 de septiembre de 1973.
En fallo unánime (causa rol 4.218-2025), la Octava Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 27° Juzgado Civil de Santiago, «con declaración que se aumenta prudencialmente el monto resarcitorio en proporción al daño acreditado y a la minoría de edad del demandante a la época en que presenció el asesinato de sus familiares», consigna la resolución.
«(…) Se encuentra acreditado que el 17 de septiembre de 1973, dos carabineros del Retén de Cobquecura irrumpieron en el domicilio de José René Gómez Velásquez, de 42 años, y lo asesinaron junto a su hijo José Domingo Gómez Concha, de 17 años, disparándoles a quemarropa en presencia de su familia», señala el fallo.
Tras el crimen, agrega el documento judicial, «amenazaron de muerte a la conviviente y madre de las víctimas, doña Aurora Concha Rivas, obligándola a sepultarlos en dos horas e impidiendo cualquier constatación médica de las causas de muerte; al día siguiente, bajo las mismas amenazas, la familia fue forzada a abandonar Cobquecura y trasladarse a Quirihue».
«Estos hechos fueron reconocidos por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación e investigados judicialmente por el delito de homicidio», consigna el fallo.
La resolución agrega que «como consecuencia de lo ocurrido, el demandante (…) quien tenía 6 años al momento de los hechos y vivía junto a su madre doña Elba Flor Velásquez, quien tenía una relación afectiva con don José René Gómez Velásquez, creció en situación de pobreza y desamparo, desarraigado de su lugar de origen, experimentando rabia, dolor, sufrimiento y angustia por una situación injusta que no estaba obligado a soportar».
«Con base en dichos antecedentes, el demandante interpone acción de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por los daños sufridos a raíz del asesinato de su padre y hermano a manos de agentes del Estado, hechos calificados como crímenes de lesa humanidad y constitutivos de una grave violación a las normas internacionales de derechos humanos», recalca el tribunal.
En este escenario, concluye el documento, «se encuentra acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que los hechos denunciados no habrían tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, de manera que, en base a tales circunstancias, se dio por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos».
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Foto Portada: Referencial
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