La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Regional Metropolitana y ordenó a Gendarmería de Chile implementar medidas urgentes para mejorar las condiciones de habitabilidad, higiene y atención sanitaria en el módulo 1 del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina II.
En un fallo unánime (rol 3.992-2025), la Tercera Sala del tribunal —integrada por los ministros Pedro Caro, Paula Rodríguez y Pablo Toledo— determinó que las condiciones actuales del recinto vulneran derechos fundamentales de los internos y contravienen tanto estándares internacionales como el Reglamento Penitenciario chileno.
El tribunal ordenó a Gendarmería presentar, en un plazo de 30 días, un plan de contingencia que asegure condiciones mínimas de dignidad, incluyendo distribución de colchones y frazadas, acceso a baños en condiciones sanitarias adecuadas, reparaciones de filtraciones y mejoras en el sistema eléctrico, además de garantizar atención médica rápida y eficiente.
“Se afectan diariamente sus derechos humanos”
El fallo se basó en un informe del prevencionista de riesgos Joel Millanao Chureo, quien visitó el módulo el 7 de noviembre de 2025 y constató graves deficiencias, reflejadas en fotografías adjuntas.
Entre las fallas detectadas se incluye falta de camas y ropa de abrigo, baños insalubres con filtraciones, y riesgos de fallas eléctricas que podrían comprometer la vida de los internos.
La Corte concluyó que estas condiciones vulneran derechos humanos esenciales:
- dignidad personal,
- integridad corporal,
- derecho a la salud,
todos protegidos por la normativa internacional y el artículo 21 de la Constitución.
“Los internos del módulo N°1 del C.C.P. Colina II ven afectados diariamente sus derechos humanos”, sostiene el fallo, calificando como ilegal el proceder de Gendarmería y del Ministerio de Justicia al mantener estas condiciones.
Un módulo “de tránsito” convertido en zona permanente
El tribunal recalcó la gravedad del problema al constatar que el módulo 1 está diseñado para ser una dependencia de tránsito, donde las personas privadas de libertad deberían permanecer un máximo de 24 horas. Sin embargo, Gendarmería mantiene allí a internos condenados por razones de segmentación, lo que convierte la situación en una “transgresión permanente”.
“No se avizora una solución de fondo”, cuestiona la resolución, que acusa al organismo penitenciario de no adoptar medidas estructurales para corregir la situación a corto o mediano plazo.
Las medidas ordenadas por la Corte
La sentencia obliga a Gendarmería a:
- Entregar colchones y frazadas a todos los internos.
- Garantizar baños limpios y en buenas condiciones, reparando filtraciones y mejorando el sistema eléctrico.
- Asegurar acceso rápido a atención médica, actualizar stock de medicamentos y facilitar consultas de medicina general.
- Cumplir el régimen de visitas para internos que deban permanecer más tiempo del previsto en el módulo.
La Corte ordenó a Gendarmería informar en 30 días sobre el plan de acción para cumplir estas medidas, una vez ejecutoriado el fallo.
Con esta resolución, el tribunal reafirma que las condiciones carcelarias forman parte del ámbito protegido por los derechos fundamentales, especialmente cuando impactan directamente en la vida, salud y dignidad de las personas privadas de libertad.
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