La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condena al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $90.000.000 por daño moral a Gonzalo Luis Ricardo Lagos Puccio, quien fue detenido y torturado por efectivos del Ejército tras el golpe de Estado de 1973.
El fallo fue adoptado de manera unánime por la Sexta Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Carlos Escobar y Mauricio Rettig, junto a la abogada integrante Catalina Infante Correa, al revisar una apelación presentada en la causa.
Según los antecedentes acreditados en el proceso, Lagos Puccio —quien en ese momento era estudiante universitario y trabajador del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec)— fue detenido por militares y trasladado primero al recinto de la otrora Feria Internacional de Santiago (FISA), donde fue sometido a torturas. Posteriormente fue llevado al Estadio Nacional, uno de los principales centros de detención durante la dictadura.
Contexto de detención y riesgo vital
El tribunal estableció que durante su permanencia en el Estadio Nacional el demandante presenció la detención de compañeros de trabajo, algunos de los cuales fueron retirados del recinto y nunca regresaron. Uno de ellos fue posteriormente ejecutado en el Cajón del Maipo, mientras que otro logró escapar.
De acuerdo con la sentencia, estos hechos configuraron un contexto de amenaza real e inminente para su vida, situación que agravó el daño sufrido durante su detención.
Tras recuperar su libertad, Lagos Puccio debió buscar refugio en la Embajada de Italia, lo que posteriormente derivó en su exilio en ese país, al que se vio obligado a trasladarse. Recién pudo regresar a Chile en 1985.
Secuelas psicológicas y daño moral
El fallo también consideró informes psicológicos que acreditan que las experiencias vividas provocaron en el demandante trastorno de estrés postraumático crónico, ansiedad generalizada con crisis de pánico, delirios de persecución y graves trastornos del sueño, secuelas que persisten hasta la actualidad.
En ese contexto, la Corte estimó que el monto fijado por el tribunal de primera instancia no resulta desproporcionado, considerando la gravedad de las torturas, la duración de la detención, el riesgo vital experimentado y el impacto del exilio en su vida personal, familiar y profesional.
La resolución también establece que la indemnización deberá reajustarse conforme al IPC entre la fecha en que la sentencia quede firme y el mes anterior a su pago efectivo, además de devengar los intereses correspondientes en caso de mora del Fisco.
La decisión fue adoptada de forma unánime, aunque con una prevención de la abogada integrante Catalina Infante, quien estimó que la compensación debía fijarse en $50 millones y no en $90 millones.
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