La Corte Suprema rechazó la solicitud presentada por el exagente civil de la DINA Raúl Diego Lillo Gutiérrez, quien buscaba obtener una declaración previa de error judicial para iniciar una demanda indemnizatoria contra el Estado por su procesamiento y condena en primera instancia en el caso del homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva.
En un fallo unánime de la Segunda Sala (causa rol 6.467-2024), el máximo tribunal concluyó que las resoluciones judiciales que sometieron a proceso a Lillo y la sentencia de primera instancia que lo condenó no pueden calificarse como injustificadamente erróneas ni arbitrarias.
La sala estuvo integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, junto a los abogados integrantes Pía Tavolari y Juan Carlos Ferrada.
Decisiones fundadas en antecedentes del proceso
Según el fallo, para determinar la existencia de error judicial era necesario evaluar si las resoluciones cuestionadas habían sido dictadas sin fundamentos racionales o de manera caprichosa.
“El análisis debe centrarse en determinar si las resoluciones se dictaron sin existir elementos que permitieran fundarlas racionalmente”, señala la resolución.
El tribunal concluyó que durante la investigación se reunió un amplio conjunto de antecedentes, entre ellos declaraciones de testigos, pericias, informes científicos y documentación, los cuales permitieron a los jueces formarse convicción sobre la existencia del delito y la participación de los acusados.
De acuerdo con el fallo, dichas pruebas permitieron al ministro en visita Alejandro Madrid Croharé, quien instruyó la causa, establecer que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento y posteriormente una sentencia condenatoria en primera instancia.
Investigación por la muerte de Frei
La investigación judicial por la muerte del exmandatario Eduardo Frei Montalva, ocurrida en enero de 1982, se inició a partir de una querella presentada por el abogado Álvaro Varela Walker, en representación de Irene Frei Ruiz-Tagle, hija del ex presidente.
El proceso derivó en el procesamiento y acusación de varios presuntos implicados en el caso, quienes fueron condenados en la sentencia de primera instancia.
Rechazo a la indemnización
Lillo solicitó que se declarara la existencia de un error judicial para posteriormente exigir una indemnización al Estado. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que las decisiones adoptadas por los tribunales respondieron a una valoración razonada de la prueba y a una aplicación correcta del derecho, aun cuando posteriormente hayan existido interpretaciones distintas en instancias superiores.
“Las resoluciones cuestionadas revelan un actuar racional y ajustado al mérito del proceso”, sostuvo el tribunal.
Con este fallo, el máximo tribunal cerró la posibilidad de que el exagente civil de la DINA pueda iniciar una acción indemnizatoria basada en un supuesto error judicial en el marco de la investigación por la muerte del expresidente Frei Montalva.
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