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El informe del órgano contralor concluyó que la exministra de Seguridad actuó fuera de sus atribuciones legales e incumplió el deber de abstención al solicitar antecedentes de funcionarios de la PDI vinculados al caso "Clan Chen". Mientras el gobierno calificó el episodio como un "error", diputados del PS y la DC analizan una eventual acusación constitucional.