El Ciudadano
La ruta del carbón de Colombia a Chile: dos territorios, un mismo sacrificio energético
De los yukpa a Huasco: el carbón que viola derechos indígenas y enferma a Chile sin que el Estado ni las empresas respondan
Una investigación periodística transfronteriza revela cómo el carbón extraído del territorio ancestral del pueblo indígena yukpa en Colombia viaja más de 6.000 kilómetros para ser quemado en las termoeléctricas de Huasco, Chile, generando un doble impacto de depredación ambiental y violación de derechos humanos. Detrás de este circuito energético, dos comunidades —los yukpa en el Caribe colombiano y los habitantes de la comuna de Huasco— cargan con los costos de un modelo que las ha dejado al margen. Como documenta el reportaje de Mongabay Latam titulado “De Colombia a Chile: los pueblos olvidados que sostienen la energía a carbón”, de Antonio Paz y Michelle Carrere (publicado el 19 de mayo de 2026), “los yukpa, un pueblo indígena seminómada, cuya tierra ancestral fue abierta sin su consentimiento para extraer el mineral, y los habitantes de Huasco, que respiran las emisiones contaminantes del carbón quemado”, sostienen la energía que mueve a millones sin recibir beneficio alguno.
Indígenas yukpa: territorio arrasado y una consulta que nunca llegó
En Colombia, el pueblo yukpa —declarado en peligro de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional desde 2009— ha visto cómo las minas a cielo abierto de Drummond Ltd. y Prodeco S.A. (filial de Glencore) se tragaron sus sitios sagrados y devastaron sus fuentes de alimento. Según el reportaje de Antonio Paz Cardona para Climate Tracker LATAM, titulado “El largo camino judicial de los indígenas yukpa para resarcir los impactos de la minería de carbón”, “los yukpa aseguran que el Ministerio del Interior ha negado la presencia indígena en la zona minera”.
En una sentencia de 2023, la Corte Constitucional colombiana constató que “la explotación de las minas de carbón genera una afectación directa al pueblo yukpa, observable en el impacto sobre los ríos, la calidad del aire, la variedad de especies de fauna y flora”. Pese a ello, la consulta previa ordenada por el tribunal concluyó sin acuerdos. Tulia Restrepo Pérez, indígena de la comunidad Misión Sokorpa, declaró a Mongabay: “La minería ha acabado todo eso. Los animalitos se fueron. Hoy en día no tenemos pesquería”.
Drummond, que representa el 47 % del mercado del carbón colombiano según su presidente, José Miguel Linares, finalizó el proceso de consulta previa en septiembre de 2024 sin consensos. En un comunicado citado por la investigación, la empresa aseguró que “no se identificaron afectaciones directas causadas por la compañía”. Sin embargo, los yukpa denunciaron que las reuniones excluyeron a la mayoría de las comunidades. Esneda Saavedra, lideresa yukpa y exconsejera de la ONIC, afirmó: “Las consultas han sido totalmente negativas, no hay garantías para las familias”. Por su parte, Prodeco —que ya no opera las minas pero enfrenta un arbitraje internacional contra Colombia por 59.4 millones de dólares— argumentó que “no se consideró necesario incluir medidas de reparación étnica”. La Defensoría del Pueblo señaló que las propuestas empresariales fueron “percibidas por la comunidad como genéricas y alejadas de los estándares exigidos por la sentencia”.
Huasco: la zona de sacrificio que respira carbón y no logra cerrar sus termoeléctricas
En el extremo sur de esta ruta, la comuna de Huasco, en el norte de Chile, es una de las cinco llamadas “zonas de sacrificio” del país, pero la única donde no se ha cerrado ninguna termoeléctrica ni se han comprometido fechas de cierre. Allí, las cinco plantas de Guacolda Energía SpA —propiedad del grupo Capital Advisors— queman carbón importado, incluyendo el extraído del territorio yukpa. Según datos de aduanas chilenas citados por Michelle Carrere en “El pueblo que pagó los platos rotos de la energía en Chile” (Mongabay Latam, 19 de mayo de 2026), en 2025 Chile importó más de 4 millones de toneladas de carbón, de las cuales más de un millón desembarcaron en el puerto de Huasco y la mitad provino del puerto de Ciénaga, Colombia, operado por Drummond.
El polvo negro que cubre techos, ventanas y plantas en Huasco contiene material particulado, dióxido de azufre, metales pesados como mercurio, níquel y vanadio, además de cadmio, arsénico y plomo. Estudios científicos han documentado que estas emisiones pueden producir cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y daños cognitivos en niños. Una investigación del departamento de salud pública de la Universidad Católica, encargada por Chile Sustentable, encontró que los habitantes de Huasco tenían, en 2016, un 71 % más de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en comparación con el promedio nacional. Aun así, el Ministerio de Salud chileno no ha realizado estudios de cohorte que prueben causalidad directa, y las empresas han usado ese vacío como defensa.
Sin respuestas oficiales y una norma ambiental frenada
Los habitantes de Huasco llevan años organizándose para defenderse. Carmen Castillo Villalobos, agricultora del valle de Huasco, relata que ocho compañeros de su hija tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), una cifra muy superior a lo esperado. “Nos ignoran”, dice. “No nos ven”. Su esposo, Alex Gajardo Araya, describe cómo la lluvia ácida generada por el dióxido de azufre quema las flores de los olivos centenarios: “Todos saben ese efecto, en todas las clases de química de los liceos lo repiten”. A pesar de que existen al menos 13 estaciones de monitoreo en la comuna, los investigadores coinciden en que los datos disponibles son insuficientes. Yuri Carvajal, presidente del Departamento de Medioambiente del Colegio Médico de Chile, señala: “El Estado tiene muy pocas estaciones de medición. La mayoría son de las mismas empresas”.
El recién asumido presidente José Antonio Kast retiró de la Contraloría la actualización de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas que el gobierno anterior había aprobado en 2025. Esa norma buscaba eliminar la distinción entre plantas antiguas y nuevas, obligando a unidades como las de Guacolda (inauguradas en 1995 y 1996) a cumplir estándares más estrictos. La organización Chile Sustentable, que participó en la elaboración de la norma, afirma que “ellos [Guacolda] pelearon hasta el final”.
Mientras tanto, Guacolda Energía SpA no respondió a las preguntas de Mongabay Latam sobre sus planes de cierre o reconversión, y el Ministerio de Medio Ambiente tampoco se pronunció sobre las deficiencias del sistema de monitoreo. Como sentencia Andrea Cisternas, productora del valle: “Qué pena que un agricultor tenga que transformarse en abogado, el pescador en ingeniero, el panadero en industrial para poder defender sus territorios”.
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