El Ciudadano
La organización alertó que las empresas podrían congelar la contratación inclusiva ante las peores cifras de desocupación en cinco años.
La advertencia se instaló tras conocerse que el desempleo escaló al 9,4% a nivel nacional, escenario en el que la cofundadora de la Fundación Kosmo Inclusión, Belén Huerta Venegas, acusó que las personas con discapacidad sufrirán el mayor impacto debido a que las empresas suelen elevar sus barreras de entrada cuando disminuye la oferta de puestos de trabajo. La dirigenta criticó que las medidas de contingencia del Ejecutivo omitan la realidad de este sector, el cual arrastra una brecha de participación laboral superior a los 20 puntos porcentuales.
El diagnóstico de la fundación cobra relevancia luego de que el Presidente José Kast sincerara que el país enfrentará meses difíciles para el empleo entre julio y octubre, afirmando que «el Estado no puede con todos”, añadiendo que “por eso necesitamos la colaboración activa de las distintas áreas de nuestra vida social». Sin embargo, desde Kosmo Inclusión recuerdan que el problema de fondo para este grupo no es la cesantía actual, sino que la estructura del mercado les impide históricamente buscar un puesto o ingresar al sistema formal, anulando su autonomía económica.
Estadísticas del III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2022) reflejan que este segmento representa el 17,6% de la población adulta en Chile, lo que equivale a unos 2,7 millones de personas. Pese a su volumen, el nivel de ocupación apenas llega al 46,9%, mientras que en las personas que no presentan discapacidad la cifra alcanza el 65,3%. «Cuando disminuye la oferta laboral y aumenta la competencia por los puestos de trabajo, las empresas tienden a elevar sus estándares de contratación, priorizar perfiles que perciben como de rápida incorporación y reducir costos asociados», explicó Huerta respecto al riesgo de que los privados dejen la inclusión en un segundo plano.
En el Congreso, la discusión económica se ha centrado en la megarreforma y en la flexibilización de la jornada laboral. En esa línea, el biministro de Economía, Daniel Mas, justificó la urgencia de estos cambios sosteniendo que la legislación del país «se ha vuelto extremadamente rígida» y que es necesario adaptarla a la actualidad. Desde la fundación cuestionan este argumento señalando que los mercados diversos son más sostenibles y que las políticas de integración deben fortalecerse durante las crisis.
Aunque la ley exige una cuota mínima de contratación del 1% para medianas y grandes empresas, las estimaciones de la vocería de la fundación indican que el cumplimiento efectivo se sitúa solamente entre el 48% y el 50% de las entidades obligadas. Esta realidad frena la Ley 21.690, la cual estipula un aumento de la cuota al 2%, pero cuya aplicación quedó condicionada a que ocho de cada diez empresas cumplan primero con el tramo básico.
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