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SEÑOR DIRECTOR:

Daniel Matamala describió la reforma de seguridad como el cruce de una línea roja y anunció, siguiendo un manual que va de 1933 a El Salvador, el fin del contrato básico que sostiene la república. Una semana después, la norma que motivó esa alarma fue enterrada por el comité político del propio gobierno, sin intervención de tribunal alguno, y el Ejecutivo se apresta a reemplazarla por un plazo de treinta días con paso previo por el Congreso.

Conviene detenerse en cómo ocurrió. No la derrotó una corte ni un organismo internacional: la derrotaron la UDI, RN, Evópoli, los senadores del propio partido del Presidente y una opinión pública que, según Cadem, no rechazaba la herramienta sino la ausencia del contrapeso. Los manuales autoritarios que Matamala invoca no contemplan ese desenlace, porque en ellos el partido de gobierno no entierra la norma en su propio comité político.

Esto no absuelve al proyecto. Su objeción más aguda sigue intacta y sin respuesta: los fiscales ya interceptan comunicaciones con autorización judicial, de modo que el aporte del nuevo régimen era suprimir el control judicial previo, y el mensaje presidencial nunca explicó por qué ese control resulta insuficiente. Esa pregunta se traslada ahora al registro de organizaciones criminales y a la facultad presidencial de calificarlas, que es donde el debate se juega de verdad.

Ahí hace falta su precisión. La analogía con Weimar, en cambio, ya fue refutada por los hechos: en Weimar nadie enterró nada en el comité político.

José Garrido Fuchslocher

Centro de Políticas Públicas

Universidad del Desarrollo