¿Cuál democracia? Abuso de poder en la reforma de seguridad de Kast

El Ciudadano

Por Verónica Aravena Vega

¿Abuso de poder? La palabra suena fuerte hasta que uno lee lo que Kast quiere meter en la Constitución. El 10 de agosto, en el Patio de las Camelias de La Moneda, firmó rodeado de ministros un proyecto de reforma y dijo que sin seguridad se pone en riesgo la democracia. Una semana después lo ingresó al Senado con suma urgencia. Nadie le preguntó de qué democracia hablaba un presidente que quiere retocar la Constitución para decidir él solo dónde sigue rigiendo.

El proyecto le entregaría al presidente la facultad de delimitar por decreto qué barrios del país quedan bajo un nuevo estado de excepción de seguridad pública. Duraría 120 días, prorrogables otros ciento veinte por el propio presidente sin pasar por el Congreso: 240 días, ocho meses sin que nadie apruebe nada y recién una tercera extensión necesitaría al Parlamento. En esas zonas mandaría un oficial general designado a dedo, con poder para suspender el desplazamiento e interceptar comunicaciones. La causal sería una amenaza grave e inminente, una fórmula tan vaga que la interpreta el propio presidente. En cristiano: basta con que él considere que la amenaza existe para gobernar por decreto los barrios que él mismo elija.

El miedo es real. El crimen organizado existe, mata y hay barrios donde la gente vive encerrada desde temprano. Reconocerlo no obliga a aceptar la salida que propone Kast: entregarle a un hombre el poder de apagar la Constitución por decreto.

Podrían haberlo hecho por ley, donde el país lleva años legislando seguridad. Eligieron la Constitución porque la Constitución dura: una ley se deroga con una mayoría simple, pero una reforma constitucional la heredarían todos los gobiernos que vengan, blindada por el quórum que la derecha defendió durante décadas para que nada pudiera cambiarse. La quieren para más allá de su mandato y de ahí la urgencia: se firma rápido lo que no conviene que se lea despacio. Un estado de excepción se supone breve, atado a una catástrofe que pasa y se levanta. Así la excepción deja de ser la excepción y se vuelve la regla.

Nada de esto es especulación: el experimento ya se hizo y Kast fue a verlo. En marzo de 2022 Bukele decretó en El Salvador un estado de excepción por 30 días. Van 52 prórrogas y cuatro años. Más de 90 mil detenidos, muchos sin ver a un juez, con denuncias de tortura y muertes bajo custodia documentadas por Human Rights Watch y Amnistía. La caída de los homicidios se volvió la coartada para no soltar jamás el poder, con el que Bukele copó la justicia y se habilitó la reelección indefinida. El que copia el resultado copia también el método.

Acá caería igual y nunca en Las Condes. Es de madrugada: entran a una casa sin golpear la puerta y ponen a un cabro contra la pared mientras su madre mira desde el pasillo. Un militar cierra la calle y fija a qué hora se entra o se sale, la policía abre los mensajes y escucha las llamadas y pueden dejarte detenido semanas sin que un juez te vea. Nada de eso exige que hayas hecho algo: basta vivir en la zona que el decreto marcó con el dedo.

La Constitución del 80 también se escribió invocando la seguridad mientras acumulaba estados de excepción en el Ejecutivo, y la memoria de vivir bajo esa excepción permanente sigue escrita en los cuerpos que nunca aparecieron.

El resultado sería un país partido en dos: zonas donde la Constitución rige entera y zonas donde se apaga por decreto, con la línea dibujada por un solo hombre. Cuando tus derechos dependen del barrio en que naciste, la palabra democracia empieza a quedar grande.

La excepción no cae por casualidad en los pobres: toma el miedo al narco y lo vuelve control permanente sobre los barrios de abajo, que es lo único que de verdad se gobierna por decreto. El mismo proyecto que interceptaría las llamadas de una población no dice nada del secreto bancario, donde se mueve la plata del narco: perseguirla tocaría bolsillos de otra comuna y ahí no se meten. Hoy el enemigo es la banda; mañana, el que corta una calle en una marcha, con el Antibarricadas 2.0 que castiga con hasta 540 días de cárcel cortar el tránsito sin probar violencia.

Kast fue la cara del rechazo. Defendió durante años la Constitución de la dictadura y se negó a tocarla para meter los derechos sociales que la calle llevaba una década exigiendo. Ahora la reforma en tiempo récord para armar al presidente. Ese giro dice qué creen que es una Constitución: un instrumento para armar a quien manda, no para contenerlo.

Y cuando la UDI titubea, tampoco es por defender límites. Amenazó con restarle los votos por una cuestión de forma: le molesta que un poder que en el fondo comparte quede grabado en la Constitución en vez de una ley. Matthei se preguntó qué pasaría con esas facultades en malas manos y el reparo de fondo es que ese presidente pueda ser, algún día, de izquierda. El regateo es sobre los términos de la entrega, no sobre si se entrega.

El eco tiene nombre en Chile. La Constitución del 80 también se escribió invocando la seguridad mientras acumulaba estados de excepción en el Ejecutivo, y la memoria de vivir bajo esa excepción permanente sigue escrita en los cuerpos que nunca aparecieron.

Kast repite que sin seguridad no hay libertad. Lo que pide a cambio es la llave para suspender la Constitución cuando él lo estime necesario. La seguridad fue siempre la palabra elegante para nombrar otra cosa: quién manda y sobre quién, sin que nadie lo controle. Esta vez no hacen falta tanques. Basta una firma en el Patio de las Camelias, la suma urgencia y un país dispuesto a mirar para otro lado.

Por Verónica Aravena Vega

Doctora en Estudios de Género y Política. Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y género. Máster en Recursos humanos. Máster en Psicología Social/organizacional. En Instagram

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