El Ciudadano
Por Vera Baboun, embajadora del Estado de Palestina en Chile
Hoy, a setenta y ocho años de la Nakba, nos confrontamos no solo con una tragedia histórica, sino con la demostración más clara de que, cuando la fuerza prima sobre el derecho, el orden internacional se desmorona.
Lo ocurrido en 1948 no quedó guardado en el pasado. Aquel plan sistemático de limpieza étnica —con la destrucción de más de 530 aldeas palestinas y el desplazamiento forzado del 70% de nuestro pueblo— abrió el camino a un sofosticado sistema de ocupación y apartheid que nunca ha cesado y que sigue violando los principios básicos del Derecho Internacional.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Internacional Humanitario se consolidó para que la fuerza bruta nunca más decidiera el destino de los pueblos. En Palestina, sin embargo, la impunidad se ha instalado como norma.
Más de 1.100 resoluciones entre la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condenando la ocupación, han quedado en letra muerta. Y cuando en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la totalidad de la ocupación israelí —no solo el muro, sino cada asentamiento, cada restricción, cada metro de territorio tomado por la fuerza— Israel simplemente lo ignoró. Es la prueba más contundente de que sin sanciones, el Derecho Internacional no es ley: es sugerencia.
Esa misma lógica de fuerza es la que hoy destruye Gaza. Ni siquiera el alto el fuego de octubre de 2025 consiguió detener la matanza: desde entonces, Israel ha asesinado a 854 palestinos más, mientras que la cifra total supera los 72.551, entre ellos, 21.283 niños que no tuvieron su derecho a despertar un día más. Más de 38.000 mujeres y niñas (22.000 mujeres y 16.000 niñas) han perdido la vida en un ataque que busca romper el corazón mismo de nuestra sociedad.
A esto se suma un asfixiante rediseño territorial. Pisoteando toda norma y acuerdo internacional, la potencia ocupante se ha instalado militarmente sobre el 64% de la Franja de Gaza mediante la imposición de la llamada «Línea Naranja». Este despojo confina a 2 millones de palestinos en apenas el 36% del territorio, obligándolos a sobrevivir en un hacinamiento extremo.
Es un encierro brutal donde la negación sistemática de ayuda humanitaria y la total ausencia de condiciones mínimas de salubridad son utilizadas como armas de exterminio.
En Cisjordania y en Jerusalén Este, la Nakba avanza de otra manera: mediante la fragmentación deliberada del territorio. Más de 750.000 colonos viven hoy en asentamientos ilegales, violando directamente el Artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante trasladar a su propia población civil al territorio ocupado.
El muro de separación, declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia hace más de 20 años, sigue allí como prueba de que la impunidad puede durar décadas. Es un muro que niega nuestra contigüidad territorial y que convierte en papel mojado uno de los principios más fundamentales del Derecho Internacional: la prohibición de adquirir territorio por la fuerza.
Este desprecio por la legalidad y por la moral alcanzó un nuevo extremo con la institucionalización de la “Ley de Pena de Muerte”. Las palabras del ministro de seguridad de la ocupación, Itamar Ben Gvir, lo dicen todo: “Como alguien que les quitó todo, también quiero quitarles la vida. Esto es correcto, esto es justo, esta es la verdad”. Ahí está, sin disimulo, la convicción de quien cree que la fuerza le da derecho a estar por encima de cualquier tratado o convención humana.
En medio de esta realidad, agradecemos profundamente la posición de Chile. Defender el Derecho Internacional, apoyar el derecho del pueblo palestino a la soberanía y a la autodeterminación, y rechazar que la fuerza imponga su voluntad sobre la ley, no es aquí una política pasajera: es una convicción de Estado, histórica y compartida por distintas generaciones.
Chile sabe que permitir que la fuerza prevalezca en Palestina pone en riesgo la seguridad de todos los pueblos del mundo.
Hace casi ocho décadas se pensó que “los viejos morirán y los jóvenes olvidarán”. Hoy, después de 78 años de resistencia, queda claro que ese cálculo falló. La identidad palestina no se borra con muros ni con decretos militares. Vive en la memoria de cada familia y en la determinación de cada nueva generación que defiende sus raíces.
78 años después, Palestina sigue en pie. Nuestra sola existencia es el mayor acto de resistencia frente a la primacía de la fuerza sobre la ley. No nos iremos. Nuestras raíces son más profundas que su destrucción.
Vera Baboun, embajadora del Estado de Palestina en Chile
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