La reciente captura y presentación en los tribunales de justicia de Estados Unidos de Nicolás Maduro ha captado la atención de todos y cada uno de nosotros, generando desde las más gloriosas expresiones de júbilo hasta las más encendidas muestras de indignación.
Las expresiones de júbilo son fácilmente entendibles por todos quienes tienen corazón. Maduro no solo ha perseguido, torturado y asesinado a todos aquellos que siente una amenaza para su régimen o a quienes se han atrevido a pensar distinto, sino que además desconoció los resultados de las pasadas elecciones —donde resultó legítimamente elegido Edmundo González— y se autoproclamó presidente, pasando a ser un usurpador.
Los indignados, en cambio, reclaman por el derecho internacional, que habría sido violado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela al capturar a Maduro. derecho internacional que habían olvidado cuando por décadas fuimos testigos de la violación sistemática de los derechos humanos en ese país.
A esos defensores del Derecho Internacional, que acaban de despertar después de un largo letargo, me permito recordarles que Estados Unidos no capturó al presidente de Venezuela, sino que con el permiso del legítimo presidente de Venezuela (por lo tanto, no existe tal violación del Derecho Internacional), Edmundo González, capturó al imputado por la Fiscalía estadounidense, para ser juzgado por conspiración para cometer “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra intereses estadounidenses.
El escrito de la Fiscalía sostiene que Maduro y sus co-conspiradores han colaborado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, entre ellos las guerrillas colombianas y dos organizaciones criminales mexicanas, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
En efecto, el dictador venezolano Nicolás Maduro no es acusado (en Estados Unidos al menos) por el daño generado a los ciudadanos de su país, pero si ello redunda en que pueda pagar en la cárcel y liberar al pueblo venezolano, tal como Al Capone fue juzgado y condenado por evasión de impuestos, bienvenido sea.
Porque Nicolás Maduro no solo ha ejecutado una política de Estado destinada a perseguir políticamente, detener, torturar y asesinar a sus opositores, sino que además perseveró y profundizó las erradas políticas públicas instauradas por su predecesor Hugo Chávez, logrando transformar uno de los países más ricos del mundo, Venezuela, en un país pobre.
Los números no mienten: mientras a principios de la década del 60’ el PIB per cápita de Venezuela era el doble del de Polonia, casi igual al del Reino Unido (que hoy alcanza US$ 64 mil por persona) y un 75% del de Estados Unidos, las malas políticas económicas y la falta de libertad económica y política han llevado a que hoy el PIB per cápita del Reino Unido sea 7,6 veces el de Venezuela y el de Estados Unidos más de 10,6 veces. Más duro aún, el PIB per cápita de Polonia, país que recién pudo cambiar sus políticas económicas después de la caída del muro de Berlín en 1989, es hoy 6,5 veces el de Venezuela, que el 2024 solo alcanzó algo más de US$8 mil per cápita.
Venezuela, el país al que la naturaleza dotó con las mayores reservas de petróleo del mundo, reservas de oro mayores a las de México y grandes reservas de tierras raras, es hoy un país pobre, donde el 90% de su población se encuentra o se ha encontrado en situación de pobreza durante los últimos años, donde la escasez de comida llevó a que en 2017 un 70% de los venezolanos perdieran más 8 kg. de peso. Un país pobre gracias a Maduro y su régimen, ese al que siguen defendiendo los que se escudan en el derecho internacional para ocultar que su ideología y su bienestar propio están por sobre el del resto de las personas.
*La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián
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