El Ciudadano
Por Gonzalo Morales Durán
Cuando el clima golpea, todos lo vivimos. Un sistema frontal intenso, un río atmosférico o el fenómeno de El Niño ocupan los titulares. Luego llegan las imágenes que ya conocemos: viviendas inundadas, caminos cortados, escuelas cerradas, familias sin electricidad y personas que, en cuestión de horas, pierden el esfuerzo de toda una vida. Entonces escuchamos la explicación habitual: «fue una catástrofe natural». La frase parece obvia, pero es incompleta. La lluvia es un fenómeno natural; la catástrofe es también un hecho social.
La ciencia lleva años advirtiéndolo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) define el riesgo como el resultado de la interacción entre una amenaza natural, la exposición de las personas y su vulnerabilidad. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), por su parte, señala que el cambio climático está intensificando muchos eventos extremos, pero también insiste en que sus impactos dependen de las condiciones sociales e institucionales de cada territorio. En otras palabras, no basta con preguntarnos cuánto llovió; debemos preguntarnos dónde llovió, sobre quién llovió y en qué condiciones vivían esas personas. La naturaleza genera amenazas. La sociedad construye -o reduce- la vulnerabilidad.
Basta recorrer nuestras ciudades para comprenderlo. No todas las familias enfrentan un temporal en igualdad de condiciones. Mientras algunos barrios cuentan con infraestructura de drenaje, áreas verdes, buena conectividad y viviendas construidas bajo estándares adecuados, otros conviven con colectores colapsados, calles sin evacuación de aguas lluvias, viviendas precarias o asentamientos levantados en quebradas, laderas o zonas inundables. La lluvia cae sobre todos; el riesgo, no.
Por eso las catástrofes dejan al descubierto algo más profundo que una emergencia climática: revelan la desigualdad con la que hemos construido el territorio. Durante décadas hemos ocupado humedales, canalizado ríos sin comprender su dinámica, impermeabilizado enormes superficies urbanas y permitido una expansión de las ciudades muchas veces desconectada del funcionamiento de las cuencas. A ello se suma una planificación fragmentada, donde distintas instituciones toman decisiones sobre vivienda, transporte, obras públicas o medio ambiente sin una visión integrada del territorio. La naturaleza, por supuesto, no reconoce esas divisiones administrativas.
No vivimos frente a la naturaleza como si fuera un enemigo externo. Vivimos dentro de ella. Cada ciudad, carretera, embalse, puerto o barrio modifica el paisaje y altera el modo en que circulan el agua, los sedimentos y la energía. Transformar la naturaleza es inevitable; hacerlo ignorando su funcionamiento tiene consecuencias.
Por eso la prevención no puede reducirse a reaccionar cuando comienza la emergencia. Requiere políticas permanentes. Exige proteger humedales y bosques ribereños que amortiguan inundaciones; invertir en sistemas modernos de drenaje; impedir construcciones en zonas de alto riesgo; actualizar los mapas de amenazas; fortalecer los sistemas de alerta temprana; financiar investigación en meteorología, hidrología, geología y ciencias sociales; incorporar escenarios climáticos futuros en la planificación territorial, educar a la población para enfrentar emergencias y construir junto a la comunidades planes y protocolos de prevención y respuesta.
La presión por urbanizar suelos ambientalmente frágiles, el cortoplacismo político, la fragmentación institucional y la insuficiente inversión en ciencia y planificación terminan trasladando los mayores riesgos hacia quienes poseen menos recursos.
También requiere comunidades organizadas. Los barrios que conocen sus riesgos cuentan con redes vecinales, identifican a las personas más vulnerables y participan en simulacros, responden mejor cuando ocurre una emergencia. La resiliencia no depende únicamente del Estado; también se construye desde la cooperación cotidiana entre vecinos.
Sin embargo, prevenir suele ser más difícil que reconstruir. La prevención rara vez produce titulares o ceremonias de inauguración. Sus beneficios son silenciosos: consisten precisamente en que la tragedia no ocurra. Además, existen intereses que muchas veces empujan en la dirección contraria. La presión por urbanizar suelos ambientalmente frágiles, el cortoplacismo político, la fragmentación institucional y la insuficiente inversión en ciencia y planificación terminan trasladando los mayores riesgos hacia quienes poseen menos recursos.
Aquí la discusión deja de ser exclusivamente técnica y se vuelve profundamente política. No en el sentido partidista del término, sino en el más fundamental: cómo decidimos organizar la vida en común y qué valor otorgamos a la seguridad, la justicia territorial y el conocimiento científico.
Cada peso invertido en prevención evita costos humanos, sociales y económicos inmensamente mayores. Cada estudio científico que mejora un pronóstico meteorológico, cada mapa geológico que identifica una zona de riesgo y cada proyecto que recupera un humedal constituye una inversión en vidas humanas, aunque sus resultados no siempre sean visibles de inmediato.
El cambio climático probablemente hará más frecuentes muchos eventos extremos. No podemos impedir que llueva ni controlar los procesos naturales de un planeta dinámico. Lo que sí depende de nosotros es evitar que esos fenómenos se conviertan, una y otra vez, en tragedias previsibles.
En lugar de preguntarnos únicamente por la intensidad del próximo temporal, deberíamos preguntarnos qué sociedad estamos construyendo para enfrentarlo. Porque las catástrofes no solo revelan la fuerza de la naturaleza. También revelan la calidad de nuestras instituciones, la profundidad de nuestras desigualdades y la capacidad que tenemos, como comunidad, para aprender de la evidencia científica y cuidar la vida antes de que vuelva a comenzar la lluvia.
Por Gonzalo Morales Durán
Biólogo y Profesor
Fuente fotografía
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