SEÑOR DIRECTOR:
Siete años debieron pasar para que se hiciera justicia en el extremo sur del país. Entre marzo y junio de 2019, la salmonera de capitales noruegos Nova Austral intervino el fondo marino de su Centro de Engorda de Salmones (CES) Aracena 14, al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes. Por estos hechos, la Superintendencia del Medio Ambiente resolvió en 2022 sancionar a la empresa con 1.300 UTA.
La SMA acreditó que la compañía generó una alteración artificial de la columna de agua y del fondo marino, incluyendo la sepultación de sedimentos bajo las balsas jaula, sin la autorización sectorial correspondiente, a partir de resultados anaeróbicos detectados en los monitoreos ambientales.
Sin embargo, la empresa reclamó la sanción y argumentó que la formulación de cargos le habría impedido acceder a un Programa de Cumplimiento, mecanismo que en vez de sancionar al infractor, le recuerda que debe cumplir la ley. Afortunadamente, hace algunos días la Corte Suprema confirmó la decisión de la SMA y obligó a la empresa incluso al pago de las costas del proceso, algo poco habitual en materia ambiental.
Resulta paradójico que sectores que denuncian una supuesta “excesiva judicialización” sean, muchas veces, quienes más dilatan las decisiones de la autoridad mediante recursos y apelaciones interminables. Las empresas deben asumir una responsabilidad efectiva por los daños que generan, con estándares de accountability acordes a la magnitud de sus impactos; mientras que la justicia ambiental no puede tardar tantos años en llegar, cuando ecosistemas frágiles y comunidades enteras están en riesgo.
Silvana Espinosa
Greenpeace Chile
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