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María López

Madrid, 1 may (EFE).- El juicio Kitchen se acerca a su ecuador y en su cuarta semana ha tenido como protagonista al inspector que investigó a Luis Bárcenas por orden del juez y que en su declaración en 2015 dijo haber constatado que otros policías también investigaron al extesorero del PP y a su entorno, pero "sin contar con autorización judicial".

Manuel Morocho, el investigador de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) que actuó como "auxilio" de los jueces que instruyeron el caso Gürtel, confirmó sus sospechas en agosto de 2015, cuando llegó a su correo una cesión de información de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) sobre que dos años después de seguir a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, introdujo aquel operativo en el sistema interno de la Policía.

El testimonio de Morocho es clave en el juicio a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, donde diez personas, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, están acusadas de orquestar una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y sustraerle documentación incriminatoria para el PP.

Morocho, que testificó el miércoles y el jueves, tuvo con aquel correo "la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial" sobre Bárcenas y su entorno, una "investigación paralela" que también considera que iba en contra del grupo que él encabezaba.

Ante el tribunal, Morocho confirmó que no había pedido el apoyo de otras unidades para seguir a Rosalía Iglesias, que no le propuso esa medida al juez, pese a que sus superiores se la habían planteado a él, y que no tuvo conocimiento de la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente.

Relató además cómo él y el juez instructor Pablo Ruz extremaron el cuidado y vigilaron la proporcionalidad de las actuaciones para evitar nulidades, al considerar que "había muchos intereses en atacar el procedimiento judicial". Fue su grupo el que localizó el patrimonio de Bárcenas, sin medidas "invasivas" de derechos fundamentales como seguimientos o intervención de comunicaciones.

Su testifical impacta en la estrategia de varias defensas, que enmarcan los seguimientos y al confidente en una operación legal para encontrar el dinero y los testaferros del extesorero.

Durante dos días, Morocho relató una batería de presiones en su investigación de Gürtel y de la caja B: instrucciones para omitir nombres en sus informes, como el del presidente Mariano Rajoy; aumentar su carga de trabajo, tentarle con posiciones mejor remuneradas o desmantelar su grupo ofertando también a sus agentes mejores puestos.

"No sabían cómo quitarme de en medio, que en el fondo era el objetivo final", dijo Morocho sobre una "hostilidad manifiesta", que experimentó un "salto de calidad" "una vez que el Partido Popular entra en el Gobierno y toma la batuta de la Policía".

Temían fugas en un procedimiento que ya había sufrido retrasos en informes y en el que un acusado, José Luis Olivera, le dijo a Morocho que se había encargado de que la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, tuviese en su poder el fax que permitió identificar a L. B. como Luis Bárcenas, según su relato.

El lunes testificaron dos pesos pesados del PP: Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta de Rajoy, y Javier Arenas, secretario general en la etapa de José María Aznar y que entre 2013 y 2015, cuando presuntamente se orquestó Kitchen, formaba parte de la dirección del PP. Ambos negaron tener constancia de lo que se conoce como operación Kitchen.

El senador del PP también negó que le constara una supuesta búsqueda por parte del PP de grabaciones, descartó que Bárcenas le hablase en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido" y dijo que el extesorero esperaba que con el PP en la Moncloa se cambiase a los fiscales y policías que le investigaban.

También el lunes Guillermo 'Willy' Bárcenas, cantante del grupo Taburete e hijo del extesorero, dijo que su padre le había hablado en 2013 de una grabación con Rajoy y Arenas en la que les daba el remanente de la caja B del partido.

Además, explicó los seguimiento sufridos por él y por su madre y cómo a su padre le hicieron "la vida imposible" en la prisión de Soto del Real.

En otra jornada, la del martes, se trató el uso de los fondos reservados. Una de las personas que controlaba estos recursos, el coronel jubilado de la Guardia Civil Diego de Pérez de los Cobos, dijo no recordar ningún pago de fondos reservados destinado a la operación Kitchen, Cocinero o relativa a Bárcenas.

En cambio, Felipe Lacasa, un comisario que actuaba como "cajero-pagador", sí tuvo el detalle de los gastos que por orden del director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino (también acusado) abonaba directamente a varios agentes (los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo) y en cuyos justificantes apareció la palabra 'cocinero', cuando se compró una pistola, o el nombre del chófer Sergio Ríos, que recibió 2.000 euros al mes.

En esta semana también han declarado en la Audiencia Nacional un cura o un abogado, Javier Iglesias, que negó haber ofrecido dinero a Bárcenas a cambio de que falseara sus papeles sobre la caja B. EFE