Cuerpos para la exportación: Cerezas de sangre

En el Chile contemporáneo, el discurso anti-migrante ha ganado terreno bajo promesas de orden y seguridad, ocultando la realidad de que diversos sectores de la economía, en particular la agroexportación, depende estructuralmente del trabajo precarizado de miles de personas migrantes, especialmente mujeres, cuyos cuerpos son convertidos en engranajes desechables de un modelo que celebra sus cifras macroeconómicas, mientras que produce condiciones paupérrimas para un porcentaje considerable de sus habitantes.

Las condiciones de informalidad laboral y violencia que enfrentan estos trabajadores responden a un patrón sistemático de vulneración de derechos, sostenido por una lógica de chivo expiatorio que culpa a los migrantes de crisis estructurales, cerrando el paso a discusiones que permitan cuestionar las condiciones que subyacen las crisis actualmente vividas en el país.

En este artículo de análisis crítico se presentan y discuten algunos de los principales hallazgos de una investigación desarrollada en la Región de O’Higgins, Chile, cuyo objetivo inicial fue documentar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras migrantes en el sector agrícola, particularmente en la industria frutícola de exportación.

En su transcurso se evidencia la precarización sistemática del trabajo migrante, así como la escasa conciencia de la sociedad civil respecto a las condiciones laborales en este sector. El presente artículo propone una lectura crítica desde una perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad, interrogando las estructuras económicas, políticas y culturales que hacen posible la precarización del trabajo migrante, así como las narrativas que legitiman la exclusión y el silenciamiento de quienes sostienen, desde posiciones subalternizadas, el modelo agroexportador chileno.

Como contexto, debe considerarse que el campo chileno históricamente ha sido un espacio de extracción de valor y reproducción de desigualdades. Particularmente, en las últimas décadas el modelo agroexportador ha profundizado esta lógica, apoyándose en mano de obra temporal y migrante, instrumentalizando la irregularidad como estatus que posibilita una estructura laboral aún más precarizada, sin el sostén incluso de las garantías mínimas de los derechos laborales.

Resulta particularmente cruel constatar que, pese a su centralidad para la prosperidad de la economía nacional, las condiciones en que se desarrollan las labores de este sector permanecen invisibilizadas en el debate público y aún más desatendidas en el ámbito de la gubernamentalidad estatal.

Los hallazgos de esta investigación resultan categóricos y revelan una realidad que no puede ser ignorada. El trabajo agrícola migrante en Chile se desarrolla bajo condiciones de precariedad estructural que evidencian una vulneración intencionada de derechos. Desde la ausencia de contratos formales en épocas de alta demanda, el no pago de horas extras y la sustitución de jornadas mediante boletas irregulares, hasta el hacinamiento en alojamientos que carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, donde no existen espacios habilitados para comer, descansar o resguardar pertenencias, el panorama es desolador.

A ello se suman la falta de fiscalización efectiva por parte de las instituciones laborales, la discriminación y la violencia hacia las mujeres migrantes, así como la exposición prolongada a agrotóxicos sin protocolos mínimos de seguridad.

Lejos de tratarse de excepciones aisladas, estas prácticas responden a un patrón extendido dentro del modelo de producción agrícola chileno, cuya lógica extractiva se sostiene, de manera casi estructural, sobre la desprotección legal y social de la población migrante. Urge, por tanto, una crítica profunda al sistema y acciones concretas que garanticen dignidad y justicia en el campo chileno.

Este es un fenómeno que se repite en diversos países y continentes, y que está íntimamente hilvanado con el crecimiento de proyectos políticos de ultraderecha y su uso de los discursos anti-migrantes, donde las personas migrantes se conciben como una amenaza para la seguridad, el empleo y la identidad nacional.

Se observa así el recubrimiento de una práctica abusiva y sesgada de repartición inequitativa de la precariedad y los riesgos de ciertos rubros laborales, con justificaciones discursivas que crean un umbral de aceptabilidad de estas condiciones a una población que deviene chivo expiatorio de las crisis propias del modelo capitalista.

Lo anterior es inquietantemente similar a lo que sucedió en la colonización, con la creación de la raza y, paralelamente, la esclavización de ciertas personas que discursivamente son constituidas como proclives a condiciones extremas de trabajo.

Contemporáneamente, en la práctica, lo que se impuso en la colonización se perpetúa mediante la globalización, construyéndose así un ciclo de desplazamiento forzoso debido a la expropiación de tierras para explotación de sus recursos materiales por parte de las transnacionales del norte global, y a su vez la producción de migrantes que incursionan un proyecto migratorio propulsado por la desesperación, en medio de condiciones de empobrecimiento que crean el caldo de cultivo perfecto para ser coaccionados a aceptar condiciones paupérrimas de labor, remunerada en tarifas extremadamente bajas comparadas a los estándares nacionales de los países a los que arriban.

En Estados Unidos, el fenómeno adquirió una enorme visibilidad durante los gobiernos de Donald Trump, y sus lógicas encuentran inquietantes paralelismos en el contexto chileno. El discurso del muro fronterizo, las redadas masivas, las deportaciones aceleradas y la separación de familias migrantes doblan la apuesta de la antigua política migratoria restrictiva, logrando situar de forma más global la idea de un enemigo común de las economías desarrolladas o en vías de desarrollo.

Bajo esta narrativa, las personas migrantes devienen símbolo de inseguridad, delincuencia y desorden social, permitiendo canalizar frustraciones económicas y estructurales, tales como la desigualdad, la precarización laboral o la concentración de la riqueza, hacia un grupo vulnerable, desviando así la atención de las verdaderas causas del malestar social.

Lo paradójico es que tanto la economía estadounidense como la chilena continúan dependiendo profundamente del trabajo migrante, puesto que la agricultura, la construcción, los servicios y el trabajo doméstico funcionan gracias a millones de trabajadores migrantes, muchos de ellos en condiciones precarias, volviendo la migración irregular indispensable para el sistema económico actual.

Por ello, se afirma que dicha contradicción no es azarosa, puesto que constituye una clave central para que los países neoliberales puedan continuar con su acumulación y enfoque en lucro, ahorrando a costas de personas subalternizadas el valor de este ritmo de producción.

Por otro lado, el enfoque securitario que emana de los proyectos de gobierno autoritarios fortalecen su legitimidad política a partir de la persecución y deshumanización de estas personas. En este sentido, la labor de quienes investigan o evidencian estas problemáticas es denunciar estos perversos mecanismos, para defender, en cambio, una política migratoria basada en derechos y dignidad.

Durante los últimos años, el debate público sobre migración ha sido crecientemente capturado por discursos que la vinculan de manera directa con el alza de la delincuencia y el recrudecimiento de la crisis social. La complejidad del fenómeno migratorio ha sido reemplazada por narrativas simplificadoras que presentan a las personas migrantes como responsables de problemas que tienen raíces mucho más profundas e históricas.

El actual gobierno representa la consolidación institucional de este giro político, mediante la implementación de las políticas de expulsión, el –supuesto– fortalecimiento de los controles fronterizos, el aumento de operativos migratorios y la construcción de una narrativa centrada en la «recuperación del orden», que forman parte de una estrategia que busca responder a las demandas de sectores conservadores que han convertido la migración en uno de sus principales temas de movilización.

Estas políticas generan un efecto que rara vez aparece en el debate público: el aumento de la vulnerabilidad de quienes trabajan en los sectores más precarizados de la economía.

La irregularidad, que es producida por políticas migratorias restrictivas, procesos burocráticos complejos, exigencias difíciles de cumplir y marcos legales que limitan el acceso a la regularización, es puesta al servicio de la economía global, y a su vez, fortalece la justificación del control social de toda la clase trabajadora del país.

No obstante, debido al lugar que ocupan en la jerarquía nacionalista, las personas migrantes enfrentan mayores dificultades para denunciar abusos laborales, acceder a servicios públicos, organizarse sindicalmente o exigir mejores condiciones de trabajo.

En otras palabras, la pérdida de derechos migratorios se transforma rápidamente en pérdida de derechos laborales y es precisamente aquí donde el caso de las temporeras migrantes, y el rubro de la agroindustria adquiere más relevancia.

La investigación documentó cómo mujeres provenientes de Haití, Venezuela, Bolivia, Colombia, y otros países del sur global, trabajan en la agroindustria bajo condiciones de extrema vulnerabilidad, marcadas por la informalidad, las largas jornadas y la ausencia de protección laboral.

De forma adicional, cuando la expulsión se instala como un miedo omnipresente, las posibilidades de resistencia disminuyen, haciendo de la deportación una amenaza disciplinadora que inunda el cotidiano.

Vale mencionar que los discursos anti-migrantes crecen en contextos de incertidumbre económica. Cuando aumentan la inflación, el desempleo o la inseguridad social, la ultraderecha ofrece una explicación extremadamente sencilla: culpar a quienes llegaron desde fuera. Históricamente, este mecanismo del chivo expiatorio ha sido utilizado una y otra vez en múltiples contextos para desplazar responsabilidades desde las élites económicas hacia grupos socialmente vulnerables.

Así, la crisis de acceso a la vivienda se convierte, gracias al poder de las narrativas, en un problema migrante; tal como la saturación de servicios públicos, o la inseguridad. De esta forma, se ocultan las causas estructurales asociadas a décadas de privatización, desigualdad y debilitamiento de derechos sociales.

La xenofobia funciona entonces como una herramienta política profundamente eficaz que fragmenta a la clase trabajadora, enfrentando a chilenos y migrantes que, en los hechos, comparten condiciones laborales cada vez más precarias y similares. No obstante, en lugar de cuestionar las estructuras que producen esa precarización, los discursos de ultraderecha promueven la competencia entre los propios trabajadores, desviando así cualquier posible lucha colectiva.

Frente a ello, una postura crítica debe insistir en que el verdadero conflicto no es entre nacionales y extranjeros, sino entre quienes sostienen el sistema con su fuerza laboral y quienes se benefician de su división.

Por otra parte, debido al entrecruzamiento de las diversas categorías de subalternización, las consecuencias de estas políticas no afectan a todas las personas por igual, produciendo un sistema de dominación donde las mujeres migrantes ocupan una posición particularmente vulnerable al enfrentar, de manera simultánea y acumulativa, desigualdades de género, clase, raza y estatus migratorio.

En la agroindustria chilena, esta intersección de opresiones se expresa en salarios más bajos, mayores niveles de informalidad, exposición constante a violencia laboral y sexual, y una enorme carga no reconocida de trabajo de cuidados, que a su vez, expone a los hijos e hijas de estas trabajadoras a condiciones de vida extremadamente precarias.

Haciendo un salto hacia otro aspecto del fenómeno, específicamente en relación con el ascenso global de la ultraderecha, se debe considerar que el objeto de dominación es siempre expansivo, y que aquello que en un principio parece dirigirse de forma más prominente hacia las personas extranjeras rápidamente comienza a afectar también a la población nacional.

Los mismos sectores que impulsan políticas antimigrantes cuestionan también los derechos de las mujeres, los derechos laborales, los movimientos sociales, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos. La construcción del enemigo migrante no es un fin en sí mismo, sino que forma parte de una lógica más amplia de reducción democrática.

Por eso, la pregunta de fondo tras el avance de estas políticas no es cuántas personas migrantes ingresan o salen de un país. La pregunta verdaderamente relevante es qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Forma parte del anhelo colectivo vivir en una sociedad que normaliza la explotación cuando afecta a cuerpos racializados y extranjeros, o en una sociedad que transforma el miedo en programa político?

Este escrito busca contribuir a la construcción de un proyecto colectivo capaz de reconocer que los derechos humanos no dependen de la nacionalidad, que la dignidad laboral no puede estar condicionada por un permiso migratorio y que las personas migrantes no constituyen una amenaza, sino una parte fundamental de la vida económica, social y cultural de nuestros territorios.

Las mujeres migrantes que cosechan las cerezas de exportación son reflejo de cómo las economías contemporáneas continúan dependiendo de formas de trabajo cuya precarización es invisibilizada para garantizar su reproducción impune. De este modo, lo que hoy está en disputa no es solo una política migratoria, sino el sentido mismo de la democracia, la igualdad y los derechos.

El trabajo agrícola no regularizado, especialmente en el caso de la población migrante, constituye una de las formas más persistentes y silenciadas de exclusión en el Chile contemporáneo. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es la profunda normalización social e institucional de estas condiciones, que instala la idea de que la vulneración sistemática de derechos constituye un costo natural e inevitable del modelo agroexportador.

Frente a esta indiferencia estructural, urge avanzar hacia una agenda de transformación profunda. Se requieren, en primer lugar, políticas públicas con un enfoque genuino de derechos humanos y justicia social, que sitúen en el centro la dignidad de quienes trabajan la tierra. Es imprescindible, además, reconocer el papel fundamental que las personas migrantes han desempeñado históricamente en la economía chilena, y que ha sido sistemáticamente invisibilizado por los discursos xenófobos.

A ello debe sumarse una educación crítica sobre el modelo agroexportador y sus impactos sociales, ambientales y laborales, desmontando la falsa neutralidad de una industria que se ufana de sus cifras de exportación mientras sostiene su rentabilidad sobre espaldas precarizadas.

Finalmente, la transformación solo será posible desde abajo, promoviendo redes comunitarias, sindicales y territoriales que organicen, acompañen y dignifiquen el trabajo agrícola, devolviendo protagonismo a quienes han sido reducidos a meros instrumentos de producción.

La cereza chilena es una metáfora de una economía que brilla hacia el exterior mientras oculta sus raíces en la desprotección. Brilla en supermercados internacionales, alimenta las cifras de exportación y sostiene el relato de un país moderno, competitivo y abierto al mercado global. Sin embargo, detrás de esa imagen existen cuerpos invisibilizados: mujeres migrantes, temporeras y racializadas, muchas veces sin contrato, sin protección social y expuestas a jornadas extenuantes en los campos.

Bajo el gobierno de José Antonio Kast, esta realidad se vuelve aún más grave. Su administración ha impulsado una política de endurecimiento migratorio, con vuelos de expulsión, un control fronterizo más estricto y medidas orientadas a aumentar la salida de personas migrantes en situación irregular. El propio Gobierno informó, en abril de 2026, el inicio formal de una política permanente de expulsiones mediante operaciones aéreas y terrestres.

El Servicio Nacional de Migraciones señaló, en mayo de 2026, que ya se habían concretado 630 expulsiones durante el año, destacando además el aumento de operativos respecto del período anterior. A ello se suma el denominado “Plan Retorno”, presentado como un mecanismo de salida voluntaria para personas migrantes indocumentadas.

Sin embargo, el problema de fondo es político, puesto que mientras el Estado endurece el control migratorio, el mercado continúa necesitando esa misma mano de obra para sostener la producción agrícola. Se criminaliza a quienes cruzan fronteras, pero se tolera que trabajen sin contrato. Se habla de orden, pero no se fiscaliza con la misma intensidad a las empresas que se benefician de la informalidad. Se persigue a la persona migrante, no al empleador que explota.

En los campos de O’Higgins, la investigación identificó que más del 90 % de las trabajadoras entrevistadas no contaba con contrato formal, quedando excluidas de derechos laborales, seguridad social y mecanismos efectivos de denuncia. Esta situación de desprotección se profundiza en el caso de las mujeres haitianas, para quienes la barrera idiomática limita el acceso a información sobre derechos, contratos y canales de denuncia, generando una mayor dependencia de contratistas e intermediarios.

Las políticas antimigrantes no resuelven la precariedad, sino que la profundizan de manera sistemática. Al incrementar el miedo, la amenaza de deportación y la inseguridad jurídica, empujan a las personas migrantes hacia circuitos laborales aún más informales, clandestinos y abusivos. En lugar de garantizar derechos, producen mayores niveles de vulnerabilidad y, en vez de enfrentar al empresariado agrícola que sostiene su rentabilidad sobre la desprotección laboral, descargan toda la responsabilidad sobre quienes ya ocupan el eslabón más débil de la cadena productiva.

La contradicción es evidente y moralmente insostenible, ya que el mismo país que expulsa a las personas migrantes necesita sus manos para cosechar, seleccionar y embalar la fruta que exporta al mundo. La frontera se cierra para los derechos, pero se abre para la explotación. Por eso, hablar de migración en Chile no puede reducirse al discurso de la seguridad ni a la demagogia del orden. Es necesario sostener la pregunta sobre quiénes son los principales beneficiarios de la producción de irregularidad migratoria.

La cereza chilena, en su condición de emblema del éxito agroexportador, se convierte entonces en una metáfora brutal del presente. Es brillante, exitosa y rentable hacia el exterior, pero su existencia se sostiene sobre cuerpos precarizados, racializados y desechables hacia el interior.

Frente al racismo institucional y al autoritarismo migratorio que avanza bajo discursos de orden, urge levantar con claridad una política de clase, feminista y antirracista que defienda, sin ambages, la regularización migratoria masiva, la fiscalización efectiva y sancionadora de los empleadores, el derecho al trabajo digno y la organización autónoma de las trabajadoras migrantes.

No hay soberanía posible sobre la base de cuerpos expulsables. Tampoco hay justicia social mientras el éxito exportador chileno siga descansando sobre mujeres migrantes en situación irregular, convertidas en meros cuerpos para la exportación.

Ignacia Borgeaud ^¹, Carolina Amaral ^² y Magdalena Ceballos ^³

1 Integrante del Centro de Estudios e Investigación La Grieta.

2 Integrante del Kilombo Negrocentricxs.

3 Integrante del Centro de Estudios e Investigación La Grieta.

El Ciudadano

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