El Ciudadano
Por Patricia Politzer

En enero de 1976, la Vicaría de la Solidaridad abrió sus puertas para continuar la labor del Comité Pro Paz, creado el 4 de octubre de 1973, inmediatamente después del Golpe militar, por las iglesias cristianas y la comunidad judía de Chile.
No se hablaba entonces de derechos humanos; simplemente se trataba de salvar vidas ante la persecución despiadada a quienes habían pertenecido o simpatizado con el gobierno del Presidente Salvador Allende.
La presión de la dictadura fue tal que el Comité debió cerrar sus puertas. Pero el Cardenal Raúl Silva Henríquez entendió que no podía abandonar esta tarea humanitaria. En los primeros dos años de dictadura, los asesinados o desaparecidos sumaban alrededor de 2.500 personas, incluyendo decenas de menores de edad, entre ellos nonatos y lactantes.
Un miedo paralizante recorría Chile, infiltrándose en todas las familias, sobre todo en aquellas que sabían que algunos de los suyos militaban en un partido de izquierda.
En este contexto, hubo quienes se plantaron frente al miedo sin permitir que les paralizara. A un costado de la Plaza de Armas de Santiago, junto a la Catedral, comenzó a trabajar la Vicaría de la Solidaridad, heredando a la mayoría de los trabajadores del Comité Pro Paz. Principalmente abogados, asistentes sociales y periodistas que atendían a las víctimas, presentaban recursos de amparo en su favor y los defendían frente a los Consejos de Guerra.
Eran hombres y mujeres que, más allá de su militancia o sin ella, sintieron que la barbarie no podía inmovilizarlos. Su condición humana no les permitía permanecer impávidos frente a ciudadanos desaparecidos, asesinados, encarcelados, torturados.
Eran personas comunes y corrientes, tan vulnerables como aquellas que intentaban proteger. Sentían miedo como cualquier mortal. Sabían que Pinochet había logrado el cierre del Comité, expulsando del país al obispo luterano Helmut Frenz, deteniendo a su jefe jurídico, José Zalaquett, y a varios sacerdotes como Patricio Cariola, Rafael Maroto, Fernando Salas y el rector del Colegio Saint George, el norteamericano Gerardo Wheelan.
Los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad no eran ingenuos; tenían conciencia de los riesgos que corrían. Sin embargo, día tras día llegaban a la Plaza de Armas y recién respiraban tranquilos cuando subían las amplias escaleras del palacio arzobispal donde estaban sus oficinas. La inmensa mayoría militaba o simpatizaba con la izquierda, y sabían que para ellos el riesgo de aquel trabajo era mayor. Cuando el día era especialmente tenso, por el conocimiento de casos cada vez más dramáticos e inhumanos, no era posible ignorar la ansiedad y el miedo. Pero al día siguiente, allí estaban de nuevo, trabajando para ayudar al prójimo, comprometidos en salvar vidas, empatizando con el temor ajeno, buscando la palabra justa para aliviar el dolor.
«Chile les ha fallado. Aún estamos a tiempo de un reconocimiento».
Así se mantuvo la Vicaría hasta el fin de la dictadura. Soportando la carga de horror de un país entero, donde muchos cerraban los ojos aterrados y otros eran incapaces de asumir lo que ocurría o se daban excusas frente a la barbarie. Muchas veces vieron la muerte de cerca: cuando alguno se salvaba de una detención o —quizás lo más perturbador y sanguinario— cuando asesinaron a uno de los suyos, José Manuel Parada, degollado junto a dos de sus compañeros comunistas, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.
Cada cual vencía sus angustias y temores como podía. Y, al día siguiente, allí estaban nuevamente, esperando a otra víctima para acogerla y guiarla.
Al llegar la democracia, pocos repararon en la deuda que el país tenía con este grupo de compatriotas que arriesgaron sus vidas por el resto de sus conciudadanos. Eran tantas las urgencias por reconstruir la democracia que pocos se percataron de que, entre estos hombres y mujeres generosos y valientes, había muchos que requerían una vuelta de mano.
Fueron casi dos décadas de trabajo extenuante, tanto física como mentalmente. Algunos llegaron a la edad de jubilación sin recursos suficientes; otros sufrieron el desgaste de una salud debilitada. Otros, simplemente, se encontraron muy solos.
Chile les ha fallado. Aún estamos a tiempo de un reconocimiento, aunque sea simbólico, porque nunca llegaremos a estar a la altura de lo que todas y todos ellos entregaron a nuestra sociedad.
Cumplieron cabalmente lo que mandata la sabiduría popular: haz el bien sin mirar a quien. Lo hicieron sin buscar ni pretender recompensa alguna.
El compromiso con los derechos humanos que ejercieron las y los trabajadores de la Vicaría es un ejemplo para las nuevas generaciones. Su gesta debe enseñarse en las escuelas y sus nombres quedar en nuestra memoria para siempre. El país tiene con ellos una deuda eterna.
Por Patricia Politzer
Periodista y escritora chilena. Reconocida por su trabajo en derechos humanos, recibió el Premio Lenka Franulic en 2017. Autora de libros como Altamirano, Miedo en Chile y Bachelet en tierra de hombres, entre otros.
Este testimonio integra el especial Voces que Recuerdan, de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol). Su reproducción en medios requiere citar la fuente y enlazar a:
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Las opiniones vertidas en cada entrega son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan necesariamente la posición institucional de Funvisol.
Cuidemos la memoria entre todos.
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