El Ciudadano
Reportes internos y testimonios de funcionarios dan cuenta de un entramado de deudas impagas, irregularidades en la gestión de recursos críticos y un sumario administrativo que, pese a su gravedad, se mantiene sin resultados concluyentes. Todo bajo la administración de Katherine Molina en la Casa Nacional del Niño.
Ahora, su figura vuelve a levantar cuestionamientos ya que bajo ese contexto, Molina alcanzó a integrarse a la Subsecretaría de la Niñez bajo la figura de comisión de servicios.
Aunque desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia declararon a El Ciudadano que al conocer la indagación dicha comisión fue suspendida mientras se desarrolla la misma, y que actualmente la funcionaria se desempeña en el Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia.
La respuesta oficial, lejos de cerrar el flanco, abre una interrogante mayor sobre los filtros de seguridad del Estado: ¿Cómo una funcionaria bajo indagatoria por falta a la probidad logró instalarse en el corazón de la Subsecretaría de la Niñez?
El «Misterio» de la Farmacia Lobos
Uno de los hechos acontecidos en 2024 bajo la administración de Molina y que encendió las alarmas entre algunos funcionarios, ocurrió cuando se realizó una gestión de compra directa de medicamentos para niños, niñas y adolescentes (NNA) de la Residencia Familiar de San Miguel con la Sociedad Farmacéutica Lobos y Cia Ltda, quienes se encargaban de las entregas a domicilio en Casa Nacional.
Según documentación interna a la que tuvo acceso El Ciudadano, la gestión logró sacar a la luz, que Cread Casa Nacional, tenía una deuda de $3.174.380, lo que resultó en la negativa de la farmacéutica ante la solicitud de compra de nuevos medicamentos.
Según consta en los informes internos de la Unidad de Finanzas, se realizaron gestiones críticas para mantener el suministro de fármacos bajo el compromiso de regularizar los pagos pendientes. Sin embargo, la propia farmacia revelaría más tarde una maniobra irregular: Molina habría saldado parte de la deuda de manera extemporánea, dejando un remanente superior a los $750 mil.
Al auditar las carátulas de rendición de la funcionaria para verificar la trazabilidad de los fondos, el descuadre quedó al descubierto. Si bien Molina acreditó un pago posterior de $2.417.350, el análisis contable reveló una falta grave a la probidad: dichos montos ya habían sido declarados por ella como ‘pagados’ en octubre. Es decir, la funcionaria rindió ante el Estado un gasto inexistente durante tres meses, ejecutando el pago real solo después de que la crisis de desabastecimiento y la presión administrativa hicieron insostenible el ocultamiento de la deuda.
En conversación con El Ciudadano, un funcionario que trabajó en ese período relató, bajo anonimato, cómo se vivió desde dentro esta crisis que involucra a niños, niñas y adolescentes (NNA). Según su testimonio, las irregularidades en la compra de medicamentos se extendieron por más de un año, período en el cual contaban con un presupuesto restringido de $50 mil semanales por niño, cuando el gasto habitual oscilaba entre $150 mil y $200 mil.
Tanto el testigo como otros funcionarios califican el caso como de alta gravedad, ya que la falta de pago a la farmacia habría afectado directamente la entrega de medicamentos a los NNA, algunos de ellos con enfermedades graves.
Además, el testimonio reveló otra arista del caso, al señalar la existencia de graves negligencias en la administración de medicamentos. Según indicó, hubo funcionarios acusados de cometer errores en la entrega de tratamientos a niños trasplantados, situaciones que —afirma— fueron toleradas por la dirección.
Fuentes cercanas a Casa Nacional también aseguraron que algunos funcionarios debieron comprar medicamentos con recursos propios, acumulando importantes deudas personales, las que posteriormente fueron reembolsadas tras denunciar la situación. Sin embargo, sostienen que estos trabajadores luego habrían sido objeto de persecución laboral.
Cámaras Apagadas e Insumos Desaparecidos
A lo anterior, se suma otra irregularidad ocurrida bajo la administración de Molina. Documentos a los que tuvo acceso El Ciudadano, dan cuenta de una denuncia anónima realizada por un funcionario/a mediante el presidente de la asociación ANTRAP regional.
La denuncia estaba relacionada a posibles robos de comida que sucedían en el centro AADD, donde se acusaba directamente a la directora del centro , a la nutricionista y al personal manipulador.
Ante la denuncia, se decidió revisar las cámaras de seguridad del recinto, lo que dejó en evidencia que en los horarios señalados —entre las 17:00 y 19:00 horas— estas no registraban imágenes. Además, se detectaron cables cortados.
Si bien la situación fue informada a la directora y no se logró comprobar el robo, sí se constató una vulneración a los protocolos de funcionamiento de las cámaras de seguridad.
Un informe técnico de la empresa Diebold Security, fechado el 25 de enero, confirma que la falta de vigilancia no se debió a fallas fortuitas. El técnico asignado detectó cables de red desconectados intencionalmente en la oficina de observación, cables cortados y, lo más grave, el apagado manual del switch PoE, el sistema que suministra energía a las cámaras. Según el reporte, estas intervenciones dejaron ‘ciegas’ zonas críticas como la sala de aislamiento y pasillos principales en horarios donde, según testigos, se realizaba la sustracción de insumos.
A las denuncias por robo de insumos se suma un antecedente crítico que refuerza la tesis de la sustracción sistemática: el descuadre en las minutas alimentarias. Según registros internos que sugieren ser investigados, el cálculo de insumos para la preparación de comidas no coincidía con la realidad del recinto.
Específicamente, se detectó que el gasto de alimentos reportado era significativamente superior al consumo real, considerando que en dicho periodo el centro contaba con una menor dotación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Esta inconsistencia en el inventario de cocina apunta a una pérdida de recursos que, lejos de ser un error administrativo, coincide con los horarios en que testigos acusan la salida de mercadería en vehículos particulares
El Sumario Eterno y el «Premio» Ministerial
Estos antecedentes no son los primeros que ponen bajo la lupa a Katherine Molina. En 2018, la Contraloría dispuso su suspensión preventiva del cargo de directora de la Casa Nacional del Niño, medida que también afectó a su jefa técnica.
En ese entonces, El Mercurio declaraba que la investigación de la Contraloría, respondía a casos de maltrato de menores, encubrimiento y desorden administrativo.
Su suspensión no estuvo exenta de polémica. Una de ellas ocurrió cuando, pese a la medida vigente, Molina se presentó igualmente en la Casa Nacional del Niño. En ese momento, argumentó que no había sido notificada por escrito por el ente contralor y que, de no asistir, podía ser acusada de abandono de deberes. Para entonces, ya existían seis denuncias en su contra.
El «Clan» de la Casa Nacional: Acoso, Favoritismo y Blindaje Político
Estos antecedentes dan cuenta de las irregularidades registradas bajo la administración de Molina. A ello se suma un deteriorado clima laboral y denuncias de persecución hacia quienes decidían alzar la voz.
Fuentes cercanas declararon que “en el centro existía un ambiente de temor. La directora ejercía control total y despedía constantemente a funcionarios. Se registraban salidas de dos a tres trabajadores mensualmente.»
Nuestro testigo da cuenta de una dinámica similar: según su versión, Molina habría conformado un grupo de funcionarios que se protegían entre sí y hostigaban a quienes no formaban parte de él.
«Este grupo manipulaba situaciones, influía en decisiones de personal y tenía control sobre distintas áreas. Incluso manipulaban a niños para levantar acusaciones falsas contra funcionarios. Más de 30 funcionarios han sufrido acoso por parte de este grupo y muchos terminaron renunciando”, declaró.
Según el testimonio, estas personas hostigaban y difundían rumores falsos. Además, se evidenciaba un claro favoritismo por parte de Molina hacia ciertos funcionarios; por ejemplo, las celebraciones se realizaban en los días en que sus cercanos estaban de turno, modificando incluso el calendario.
Más grave aún, pese a diversas acusaciones por mal manejo de medicamentos e incluso maltrato a menores, según los testimonios, Molina habría hecho vista gorda, mientras se perseguía a quienes denunciaban estas situaciones.
Con estos antecedentes, se instala un serio cuestionamiento respecto de cómo una funcionaria con un historial controvertido, denuncias en su contra y un sumario vigente logra llegar a la Subsecretaría de la Niñez.
Aunque desde el Ministerio aseguraron que sus funciones se encuentran suspendidas mientras se desarrolla la investigación, el caso vuelve a poner en duda los mecanismos de control y revisión de antecedentes al interior de la institución. Surge así la interrogante sobre cómo perfiles con este tipo de historial logran avanzar en la administración pública, y si existieron omisiones o desestimaciones deliberadas de información relevante.
Además, si bien desde el Ministerio señalaron que Molina se encontraría desempeñandose en el Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, fuentes al interior del servicio confirmaron que la funcionaria aún no se ha reintegrado a sus labores y que su llegada —tras hacerse efectiva su salida de la Subsecretaría— recién está programada para este lunes.
A lo anterior, se suma la alarmante lentitud del proceso investigativo: fuentes declararon que pese a que la solicitud formal de investigación se realizó en enero de 2024, el sumario administrativo recién fue abierto en octubre del mismo año, dejando pasar diez meses de inacción institucional. Hasta el día de hoy, el proceso se mantiene sin resultados concluyentes. Incluso, según fuentes cercanas, en una primera etapa el sumario habría sido instruido por un fiscal designado por la propia directora regional, lo que podría abrir cuestionamientos sobre la independencia del procedimiento.
Testigos también apuntan a que la influencia de Molina alcanzaría círculos de alto poder, lo que —según sostienen— podría haber derivado en una suerte de inmunidad frente a hechos que, sin duda, debieron encender alertas en las autoridades. Todo esto resulta especialmente delicado considerando el nivel de responsabilidad que implica desempeñarse en una institución clave como la Subsecretaría de la Niñez.
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