De la zanja al aula: la retroexcavadora de Kast empieza a desmantelar la educación pública

Ahí están el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Alimentación Escolar, Reinserción Escolar y el PACE. No estamos hablando de oficinas que pasan desapercibidas ni de gastos lejanos para la mayoría. Estamos hablando de apoyos que ayudan a que la escuela funcione, a que estudiantes no queden fuera del sistema y a que puedan llegar a la universidad.

Dicho de modo simple: la poda no entra por arriba. Entra por abajo. Entra por el plato de comida, por el apoyo a la escuela pública, por la vuelta a clases de quienes salieron del sistema y por uno de los puentes más conocidos entre el liceo y la educación superior. Ahí está el corazón del problema.

Datos duros del recorte en Educación

El anexo de Hacienda marca 15 programas de Educación en la categoría “Descontinuar”.
El Programa de Alimentación Escolar aparece en esa categoría con $1.061.029 millones ejecutados en 2025.
El Fondo de Apoyo a la Educación Pública también queda en la mira, con $167.777 millones.
Reinserción Escolar figura como “Descontinuar” con $1.887 millones.
El PACE, uno de los puentes más conocidos entre el liceo y la universidad, aparece con $20.793 millones.
El propio documento aclara que “Ajuste presupuestario” implica una rebaja de al menos 15%.

En términos simple: la tijera no entra por un programa aislado. Entra por varios apoyos que sostienen la trayectoria educativa, desde el comedor escolar hasta el acceso a la educación superior.

Y por eso el título no exagera. La misma imagen de fuerza que José Kast quiso instalar con la zanja en el norte aparece ahora en otro terreno. Solo que esta vez la retroexcavadora no remueve tierra en la frontera: empieza a remover apoyos, trayectorias y programas dentro de la educación pública.

Qué dice realmente el oficio

El oficio circular N° 16, firmado por el ministro Jorge Quiroz y enviado a los ministerios para formular el Presupuesto 2027 y el marco 2028-2031, instala un criterio bien claro. Hay una supuesta “estrechez fiscal” y se requiere un “cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos”.

En ese marco, las carteras “deberán elaborar su propuesta de presupuesto para un período de cinco años”, con un límite máximo de gasto y priorizando obligaciones legales y contractuales. Además, deben incorporar el efecto permanente de los ajustes fiscales ya aplicados en 2026.

La minuta adjunta va todavía más al fondo. Ahí se señala que los ministerios deberán revisar “todos los subtítulos de gasto para encontrar espacios de eficiencia por medio de la gestión, entendiendo que en el mediano plazo no hay costos fijos y obligaciones ineludibles”. Más adelante remata que “los ministerios deberán encontrar en niveles restrictivos de gastos los espacios que les permitan financiar las iniciativas Gubernamentales”.

O sea, el ajuste no es un accidente ni una lectura forzada del documento. Es el eje del documento.

No están cortando un programa suelto: están tocando una ruta completa

El anexo del Ministerio de Educación permite ver algo que no siempre aparece en los titulares rápidos. Los programas marcados para descontinuar no pertenecen todos a una misma oficina ni cumplen una sola función. Lo que aparece es un mapa más amplio.

En la Dirección de Educación Pública queda en la mira el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. En Junaeb, el anexo pone en “Descontinuar” al Programa de Alimentación Escolar, a la Beca de Apoyo Vocación de Profesor y a Escuela Abierta. En la Subsecretaría de Educación aparecen en la misma categoría Reinserción Escolar, Programa Nacional de Lectura, Plan Nacional de Escritura, Escuela para Directivos y otras líneas más. Y en la Subsecretaría de Educación Superior, el listado incluye al PACE.

Explicado con peras y manzanas: no están cortando una pieza aislada. Están tocando varias partes de una misma ruta educativa. Una ruta que parte en condiciones mínimas para sostener la vida escolar, sigue en apoyos para no quedarse atrás y termina en mecanismos que facilitan llegar a la universidad. Si cortas varios tramos al mismo tiempo, no dañas solo un programa. Debilitas la trayectoria completa.

El Programa de Alimentación Escolar aparece en la categoría de “Descontinuar” en el anexo de Hacienda, poniendo en la mira una de las ayudas más concretas que sostienen la educación pública.

Y donde no cierran, recortan

El documento no solo recomienda cierres. También deja a decenas de líneas bajo la categoría de “Ajuste presupuestario”. Y el propio anexo aclara en una nota al pie que eso significa que “se debería aplicar una disminución presupuestaria de al menos el 15%”.

Eso toca, por ejemplo, programas de la Dirección de Educación Pública; líneas de Junaeb como Servicio Médico, Asistencial y Medicina Preventiva, Hogares y Residencias Estudiantiles, Beca Indígena, Útiles Escolares y Beca de Integración Territorial. También golpea programas de la Subsecretaría de Educación como Convivencia Escolar, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Rural, Evaluación de Jóvenes y Adultos y Subvención Gratuidad. Y alcanza además a varias líneas de la Subsecretaría de Educación Superior, como Aporte para Investigación, Aporte Fiscal Directo, Becas de Excelencia Técnica y Aporte Institucional a Universidades Estatales, entre otras.

Traducido: donde el gobierno no pone la etiqueta de cierre, pone la de poda. Y esa poda también cae sobre programas que ayudan a sostener acceso, permanencia, formación y financiamiento del sistema.

Lo que se está jugando de verdad

Acá el punto no es solo cuánto quiere ahorrar Hacienda. El punto es por dónde decide ahorrar. Y eso importa mucho, porque los documentos presupuestarios también muestran prioridades políticas.

En este caso, la tijera entra sobre la red de apoyos que hace posible estudiar en condiciones menos desiguales. Si cae el apoyo a la educación pública, si se pone bajo amenaza la alimentación escolar, si se debilita la reinserción y si se recortan puentes hacia la educación superior, entonces lo que se erosiona no es un ministerio abstracto. Se erosiona el piso mínimo que permite que estudiar no dependa cada vez más del bolsillo, del origen social o de la simple capacidad de aguantar.

Por eso la analogía con la zanja no es gratuita. En el norte, Kast mostró retroexcavadoras para levantar una señal política de frontera y control. En Educación, el oficio de Hacienda deja ver otra versión de esa misma lógica: abrir zanjas dentro del Estado, separando lo que el gobierno decide sostener de lo que considera recortable. Y en esa operación, la educación pública empieza a quedar del lado equivocado.

No se trata solo de números. Se trata de una forma de gobernar. Una que no empieza desmontando un exceso lejano, sino una red concreta de apoyos para estudiantes, escuelas y comunidades educativas. Y cuando la retroexcavadora entra por ahí, la señal es brutal: el ajuste no golpea la periferia del sistema, golpea justo las piezas que evitan que la educación termine convirtiéndose, todavía más, en un privilegio.