El jueves pasado, cerca de 700 personas privadas de libertad fueron trasladadas a un nuevo recinto penal con una cobertura mediática inédita. Esta última ha polarizado el análisis de una medida que, si bien tiene aspectos positivos, deja “fuera de foco” algunos elementos claves para el éxito de nuestra política penitenciaria.
El traslado tenía como objetivo el poblamiento de la cárcel La Laguna en Talca, inaugurada el año pasado tras el inicio de su construcción en 2017. Su infraestructura ofrece mejoras en segregación, acceso a salud, educación y trabajo. Además, permite someter a un régimen de “alta seguridad” para 104 de las 2.320 personas que pueden ser privadas de libertad en ella, evitando que sigan coordinando actividades criminales mientras cumplen sus penas. Si bien con ello se mejora el control del Estado de la actividad criminal al interior de las cárceles, es importante moderar las expectativas: incomunicar a un líder del crimen no garantiza que su organización cese sus operaciones, pues sus integrantes siempre son reemplazables. Su valor está menos en afectar la organización criminal (pues aquello requiere más bien perseguir penalmente sus operaciones, finanzas y patrimonio) y más en el hecho de que controlar el orden interno de los recintos debiera facilitar el desarrollo de acciones de reinserción sobre el resto de la población penal.
Y este último es uno de los aspectos más afectados por el setting que ha generado la denominada “Operación Cancerbero”. Porque, aunque la investigación comparada sugiere que estas estrategias comunicacionales no serían aptas para disminuir la percepción de inseguridad, sí consiguen poner en segundo plano lo que debiera ser la pregunta central de la política penitenciaria: ¿Qué estamos haciendo para que las personas que cumplen sus condenas no vuelvan a delinquir cuando inevitablemente llegue el día en que recuperen su libertad? La evidencia sugiere que poco. Un estudio de la Universidad de Oxford en 2023 comparó los niveles de reincidencia de distintos países, situando a Chile en el lugar 12 entre 20 países con registros comparables (39% volvía a delinquir en Chile dentro de los 2 años siguientes al egreso).
Como sería naif describir como los países nórdicos se han ubicado en la parte más alta de este listado (que lideran las cárceles de Noruega con un 18% de reincidencia), prefiero destacar el caso de Polonia. Luego de ser condenado en 2009 por tribunales europeos por sus elevados niveles de hacinamiento (en torno al 140%, similares a los de Chile en la actualidad) y a pesar de tener por esos años tasas de encarcelamiento (221) y un ingreso per capita (13.000 dólares) similar al chileno, Polonia fue capaz de reenfocar su política penitenciaria en dos ejes: i) descomprimir sus cárceles implementando sistemas eficaces de supervisión de las penas alternativas, y ii) promover el trabajo como mecanismo de transición progresiva a la libertad. Sus resultados: una reducción de sus tasas de ocupación a menos del 90% y niveles de reincidencia de 28% (11 puntos porcentuales menores a los de las cárceles chilenas).
El traspaso de Gendarmería de Chile al Ministerio de Seguridad es una oportunidad para poner el foco nuevamente en como reducimos la reincidencia del sistema penitenciario y con producir efectos reales en la seguridad de los chilenos.
Por Ulda Omar Figueroa, coordinador de Estudios en Justicia, Centro UC Justicia y Sociedad
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