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La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha declarado en rebeldía al presunto cabecilla del llamado 'clan del Bigotes' después de que no haya comparecido en el macrojuicio por narcotráfico previsto este lunes contra él y una treintena de acusados más.

Esta organización asentada en la provincia granadina estaba dedicada a la adquisición de grandes cantidades de marihuana para su posterior distribución a otros países de la Unión Europea.

El presunto líder del clan, de nacionalidad croata, no ha acudido al juicio por lo que ha sido declarado en rebeldía y se ha activado una orden de busca y captura contra él.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 12 años de prisión y multa de 500.000 euros por un delito contra la salud pública; así como el pago de una multa de 3.000 euros por defraudación de fluido eléctrico para el cultivo de marihuana.

Respecto al resto de acusados, 16 han quedado absueltos y el resto han llegado a acuerdos con la Fiscalía por los que han sido condenados a penas de entre dos años y medio y tres años y medio de prisión; así como multas de 200.000 euros por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y, en algunos casos, también por tenencia ilícita de armas.

A ello se suman multas de 900 euros en algunos de los acusados por defraudación de fluido eléctrico. En la causa han concurrido atenuantes de dilaciones indebidas y consumo de sustancias, así como agravantes por reincidencia.

Dado que ninguna de las penas por separado supera los dos años de cárcel ninguno de los acusados entrará previsiblemente en prisión siempre que durante cuatro años no cometan delito.

Esta organización fue desmantelada en el marco de una operación de la Guardia Civil el 29 de septiembre de 2022 en la que hubo más de 300 agentes implicados. Se intervinieron más de 135 kilos de marihuana con un valor de 258.685 euros en el mercado negro. También, 21,6 kilos de hachís y 14 armas de fuego.

El objetivo del grupo era la adquisición de grandes cantidades de marihuana para su posterior distribución a terceros países de la Unión Europea, donde su precio se incrementa de forma exponencial, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Inicialmente para el resto de los acusados el Ministerio Fiscal solicitaba penas de entre siete y diez años de prisión, así como multas de medio millón de euros.