El Juzgado de Garantía de Lautaro decretó la prisión preventiva de un funcionario de Gendarmería, identificado con las iniciales J.F.P.H., imputado por delitos reiterados de cohecho agravado, lavado de activos, tráfico de pequeñas cantidades de droga e ingreso de teléfonos a un recinto penitenciario.
La medida fue adoptada tras la audiencia de formalización, donde el magistrado Eduardo Pérez Yáñez ordenó su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Puerto Montt, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
En tanto, la pareja del imputado, J.S.O.O., quedó sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total, tras ser formalizada por el delito de lavado de activos.
Esquema al interior del penal
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido durante 2024 y 2025 en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, donde el funcionario aprovechaba su cargo para ingresar teléfonos y drogas que luego comercializaba a internos.
Según la investigación, los dispositivos eran vendidos por montos que fluctuaban entre $250.000 y $500.000, mientras que las sustancias ilícitas —entre ellas pasta base, cocaína, marihuana y clonazepam— eran comercializadas entre $70.000 y $200.000.
El imputado habría realizado las entregas durante rondas nocturnas, utilizando señales con linterna y llaves para advertir su presencia. Parte de estas acciones quedaron registradas en cámaras de seguridad.
Ocultamiento y lavado de dinero
Para evitar controles, el funcionario habría implementado un sistema de ocultamiento en coordinación con internos, dejando droga en cajetillas de cigarrillos escondidas en sectores sin cámaras, desde donde eran retiradas posteriormente. Además, según la Fiscalía, utilizaba la cuenta bancaria de su pareja para recibir los pagos, acumulando más de $8 millones en 31 transferencias. La coimputada, de acuerdo con la investigación, tenía conocimiento del origen ilícito de los fondos.
El tribunal también decretó medidas cautelares sobre bienes, incluyendo la prohibición de celebrar actos y contratos sobre vehículos incautados y la retención de fondos en cuentas bancarias, además de autorizar el análisis de dispositivos electrónicos.
El caso continúa en investigación para determinar la totalidad de los hechos y eventuales responsabilidades adicionales.
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