El Ciudadano
Por Miguel Calbucoy Levin, representante de la Comunidad Indígena Fün Tañi Kurruf Quinchao
Durante las últimas semanas se ha instalado con fuerza la idea de que la Ley Lafkenche -que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)- debe modificarse para resolver los problemas que existen en la gestión del borde costero.
Sin embargo, desde la experiencia de las comunidades indígenas que habitan y buscan poder administrar en un futuro estos territorios, la discusión parece estar apuntando al lugar equivocado. Las dificultades que hoy se observan no provienen de la ley ni de los derechos que esta reconoce, sino de las falencias que ha tenido el propio Estado para implementarla de manera oportuna y eficiente.
La ley establece procedimientos y plazos claros, pero el Estado no ha dispuesto los recursos suficientes para cumplirlos. Si instituciones como CONADI contaran con más personal y capacidades técnicas, muchas de las demoras que hoy se cuestionan podrían resolverse sin necesidad de modificar una normativa que ha permitido avanzar en participación, protección territorial y gobernanza costera.
Por eso preocupa que, en lugar de fortalecer la institucionalidad, se pretenda debilitar herramientas clave como el efecto suspensivo o restringir mecanismos de acceso a los ECMPO. Se busca corregir una falla del Estado reduciendo derechos que fueron creados precisamente para garantizar la participación de los pueblos originarios en decisiones que afectan directamente sus territorios.
Esta discusión adquiere aún mayor relevancia tras el anuncio del Presidente José Antonio Kast de impulsar reformas a la Ley Indígena. Resulta difícil no observar una conexión entre ambos debates. La Ley Indígena y la Ley Lafkenche son dos de los principales instrumentos de reconocimiento de derechos para los pueblos originarios en Chile, y hoy ambas aparecen bajo cuestionamiento.
Lo más preocupante es que se ha instalado la idea de que los derechos indígenas son incompatibles con el desarrollo económico. La realidad demuestra lo contrario. Los ECMPO no entregan propiedad sobre el mar, no expulsan a otros usuarios ni impiden actividades productivas. Son espacios de administración que permiten compatibilizar distintos usos y fortalecer la participación local.
Además, los datos muestran que la existencia de los ECMPO no ha frenado el crecimiento económico. Mientras se cuestiona su impacto, la industria salmonera ha duplicado sus exportaciones en la última década, consolidando a Chile como el segundo productor mundial.
La verdadera discusión es qué tipo de desarrollo queremos promover. Uno que considere a las comunidades como actores legítimos en la gestión de los territorios o uno que reduzca sus derechos cuando estos se cruzan con intereses económicos de corto plazo.
Modificar la Ley Lafkenche no resolverá los problemas existentes. Lo que se necesita es un Estado capaz de aplicar adecuadamente la ley vigente y fortalecer los espacios de participación. Porque lo que hoy está en juego no es solo una norma, sino la forma en que Chile decide relacionarse con sus territorios, sus ecosistemas y los pueblos que históricamente los han cuidado.
Miguel Calbucoy Levin, Comunidad Indígena Fün Tañi Kurruf Quinchao
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