Rodolfo Yanzón, abogado de Galvarino Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas (ONU) para “frenar el ilegal proceso de detención con fines a extradición” hacia Chile en contra del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sindicado como autor intelectual del homicidio de Jaime Guzmán.
Según el recurso, tanto el Estado de Chile y el de Argentina lo “criminalizan (condenan) de manera anticipada a cualquier condena judicial, se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.
Asimismo, se solicita de manera “imperativa otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso”.
El abogado argumenta en torno a “el riesgo de daño irreparable configurado, no sólo por las condiciones a las que sería sometido en caso de ser extraditado dadas por la expectativa de prisión de por vida, sino también por la avanzada edad del demandante y su delicado estado de salud, solicitamos que de manera cautelar se ordene al Gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles hasta tanto se resuelva en sede judicial el recurso de queja pendiente y se analicen adecuadamente las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen, conforme los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura”.
En esa línea, se acusa de “persecución política” el proceso, además de afirmar que las acusaciones de asesinato y secuestro no tienen pruebas, lo que ha desatado “una cacería en su contra desde hace 35 años y motivó que en 2005 el juez federal Claudio Bonadío rechazara un pedido de extradición en su contra y en 2010 fuera reconocido como refugiado político con la opinión favorable de ACNUR”.
Yanzón asegura que la cesación de la condición de refugiado de Apablaza Guerra “no está firme, ya que se ha presentado un recurso de queja para que sea la Corte Suprema la que analice la procedencia del recurso extraordinario federal y, por lo tanto, las cuestiones de derecho planteadas por Apablaza”.
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