El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció la conformación de su equipo legal y designó al abogado Patricio Zapata para encabezar su defensa ante la Acusación Constitucional, ingresada en el Congreso.
Según consignó 24Horas, Zapata afirmó que la acusación carece de fundamentos jurídicos y técnicos válidos. Aseguró que el libelo confunde diferencias metodológicas con infracciones constitucionales.
“Una Acusación Constitucional exige demostrar una infracción a la Constitución o las leyes — no una diferencia de criterio sobre supuestos macroeconómicos. Llevar esa discusión al terreno de una Acusación Constitucional es un uso desproporcionado de un instrumento institucional muy serio“, expresó.
Debilitaría la institucionalidad fiscal del país
Según Zapata, aprobar una medida de este tipo debilitaría la institucionalidad fiscal del país. Advirtió que expondría a futuros ministros a sanciones políticas por meras discrepancias de criterio macroeconómico.
“Si se aprobara una acusación como esta, se debilitaría tremendamente el ejercicio de los ministros de hacienda en lo sucesivo. Los que podrían ser acusados constitucionalmente frente a cualquier diferencia metodológica o por el hecho de haberse verificado cambios de las mayorías políticas en el Congreso”, aseveró.
Para el defensor, lo que está en juego en la tramitación “no es sólo una Acusación Constitucional más. Sino la seriedad y rigor técnico de nuestra propia institucionalidad fiscal. Nuestro Ministerio de Hacienda goza, desde Rengifo en adelante, de un prestigio que es un activo de la nación chilena. Y aquello hay que cuidarlo”, consignó 24Horas.
El libelo acusa a Grau de infringir normas de administración y control financiero del Estado. Los denunciantes imputan un incumplimiento en la gestión superior de las finanzas públicas.
El documento detalla un desvío superior a dos puntos porcentuales en la meta de balance estructural de 2025. También objeta la consistencia de las proyecciones publicadas a inicios de año.
De acuerdo al medio citado, el texto acusatorio incorpora antecedentes de la auditoría denominada Inspección Total. Esta revisión detectó alertas fiscales por 9.200 millones de dólares correspondientes al periodo de gestión anterior.
Entre los puntos destacados figuran supuestos pagos postergados por 3.200 millones de dólares. Estos montos habrían afectado a proveedores de salud, educación y alimentación escolar.
Nicolás Grau confirmó que colaborará activamente con las instancias legislativas pertinentes. El exministro entregará la documentación necesaria para demostrar la transparencia de las proyecciones presupuestarias cuestionadas.
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