Defensa de Monsalve recurre a la Corte Suprema para revertir prisión preventiva

Defensa de Monsalve recurre a la Corte Suprema para revertir prisión preventiva

En un último intento por revertir la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, su defensa recurrió a la Corte Suprema alegando graves vulneraciones a sus derechos fundamentales y falta de fundamentación en las resoluciones judiciales previas.

Tras la inadmisibilidad del recurso de amparo presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la defensa, encabezada por el defensor penal público Víctor Providel, solicitó al máximo tribunal que ordene retrotraer la decisión y permita que una sala no inhabilitada del tribunal de alzada conozca el fondo del recurso. “Que se eleven los antecedentes a la Excma. Corte Suprema […] y ordene que una sala no inhabilitada […] restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto el acto ilegal y arbitrario”, se plantea en el escrito de 15 páginas.

Entre los principales argumentos, Providel sostiene que el 7° Juzgado de Garantía omitió fundamentos esenciales al mantener la prisión preventiva, calificando la resolución como “arbitraria e ilegal”. Asegura que no se abordaron temas clave discutidos durante la audiencia, como la calificación de abuso sexual y la ausencia de dolo por parte del imputado. “No hay resolución de las alegaciones de la defensa en la resolución impugnada”, señaló.

La defensa también critica que no se justifica en qué consistiría la supuesta manipulación de evidencia atribuida a Monsalve. “No justifica qué evidencia fue manipulada, ni la fecha en que esta se habría producido”, ni se detallan “las ‘sospechas graves y fundadas’ de que nuestro imputado pudiere obstaculizar la investigación”.

Además, Providel advierte que negar la admisibilidad del amparo vulnera el derecho de su representado a una tutela judicial efectiva. “Negar la admisibilidad de la acción […] se traduce en que mi representado se verá privado de su derecho de acceder a la tutela judicial de sus derechos fundamentales”, afirmó, citando el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, sostiene que esta inadmisibilidad podría implicar un incumplimiento del Estado de Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “No se visualiza de qué forma, en la presente causa, se desarrollan las posibilidades de que mi representado pueda ejercer la acción constitucional en la defensa de sus intereses”, concluye la presentación ante la Corte Suprema.

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