Del contrato a la investigación: claves del caso del hermano de Pedro Sánchez

Del contrato a la investigación: claves del caso del hermano de Pedro Sánchez

La investigación analiza si el puesto fue creado expresamente para él y si se vulneraron los procedimientos legales

La figura de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido objeto de una investigación judicial que se remonta a su contratación en 2017 por la Diputación de Badajoz. Lo que en principio fue un nombramiento técnico, se ha convertido en uno de los frentes judiciales más polémicos de los últimos meses, generando un cruce de posturas entre acusaciones populares, el Ministerio Fiscal y la defensa del propio David Sánchez.

La contratación bajo sospecha

En 2017, David Sánchez —también conocido en el ámbito musical como David Azagra— fue contratado por la Diputación de Badajoz como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música. Esta plaza fue posteriormente modificada en 2022 y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Este cambio es clave en la investigación: según la jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, no se trató de una reestructuración funcional dentro del organigrama, sino de una creación ad hoc que supuestamente incumplió los requisitos legales para el acceso a empleos públicos.

La denuncia inicial, presentada por el sindicato ‘Manos Limpias’, señalaba presuntas irregularidades en el proceso de selección, cuestionando tanto el procedimiento como la existencia misma de la plaza. Con el avance de las diligencias, las acusaciones populares (representadas por Vox y el Partido Popular) apuntaron que el puesto pudo haberse creado a medida para el hermano del presidente del Gobierno, incurriendo en delitos como prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Los indicios recogidos por la jueza

En el marco de la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en la Diputación de Badajoz en julio de 2024, incautando documentos relacionados con el proceso de contratación. Según consta en el auto judicial, se encontraron elementos que sugerían que Sánchez pudo haber conocido de antemano su designación. Uno de los indicios destacados por la jueza fue que, antes de realizar la entrevista para el puesto, Sánchez ya estaba buscando alojamiento en Badajoz, lo que la magistrada interpreta como un signo de que el resultado estaba previamente determinado.

La investigación también reveló que no se hicieron públicas las puntuaciones de los aspirantes a la plaza. Uno de los opositores, el violinista Nersés Avakimyán, declaró ante la jueza que no tuvo acceso a los criterios de evaluación y que desconocía completamente la trayectoria de Sánchez en el ámbito musical de la región, pese a optar por el mismo puesto.

“Encontró el trabajo por internet”

El 9 de enero de 2025, David Sánchez declaró como investigado ante la jueza. Afirmó haber conocido la existencia de la oferta de empleo a través de una publicación en internet y negó cualquier tipo de trato de favor. Su abogado subrayó que, en el momento en que se convocó la plaza, Pedro Sánchez no ejercía ninguna posición de relevancia política, pues acababa de perder el liderazgo del PSOE en 2016 y aún no había sido reelegido como secretario general en las primarias de 2017. Por tanto, alegó que no habría tenido capacidad alguna para influir en decisiones de una institución provincial extremeña.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Badajoz emitió en mayo de 2025 un informe en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa, argumentando que no se han hallado pruebas sólidas de los delitos denunciados. Según el Ministerio Fiscal, la instrucción judicial se basaba en “conjeturas” y en una “narrativa sospechosa”, pero sin fundamento jurídico suficiente.

Acusaciones populares mantienen la causa

A pesar de la postura del Ministerio Público, las acusaciones populares han insistido en mantener el procedimiento. Solicitan una pena de tres años de prisión para David Sánchez y otros implicados, así como la devolución de los salarios cobrados desde su entrada en la Diputación, estimados en más de 200.000 euros. También figura como investigado en la causa Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz y actual diputado en la Asamblea de Extremadura.

Gallardo, al incorporarse a la cámara legislativa regional, ha adquirido la condición de aforado. Su paso a la política autonómica ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia de protección judicial, aunque él ha defendido su actuación y niega cualquier irregularidad en la contratación.

Renuncia de David Sánchez y situación procesal

El 7 de febrero de 2025, David Sánchez presentó su renuncia unilateral al puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. En su carta de dimisión, aludió al impacto emocional provocado por la presión mediática y política sobre su figura. La renuncia, aceptada por la institución, se hará efectiva en el plazo reglamentario de tres meses.

El 15 de mayo de 2025, la Fiscalía Provincial de Badajoz solicitó el archivo de la causa, argumentando que las acusaciones contra David Sánchez y otros implicados se basan en conjeturas y carecen de indicios racionales de criminalidad. La Fiscalía considera que la creación del puesto ocupado por Sánchez fue razonable y que desempeñó sus funciones laborales con normalidad. Además, defiende la legalidad y transparencia de los procedimientos administrativos analizados. La Fiscalía concluye que los hechos carecen de tipicidad penal y que una apertura de juicio oral resultaría innecesaria.

Por su parte, la jueza instructora, Beatriz Biedma, ha decidido mantener la instrucción abierta. La Audiencia Provincial de Badajoz respaldó esta decisión, indicando que la investigación se encuentra en pleno apogeo y que se han acordado múltiples diligencias de investigación. Los magistrados consideran inapropiado un sobreseimiento en este momento procesal, ya que restan por practicar numerosas diligencias.

A día de hoy, el procedimiento continúa en fase de instrucción. La jueza Beatriz Biedma aún no ha resuelto sobre la solicitud de archivo planteada por la Fiscalía. En paralelo, se valoran nuevos testimonios y documentos aportados por las partes. La decisión sobre si se abrirá o no juicio oral dependerá de la interpretación que el juzgado haga de los indicios acumulados hasta la fecha.

Mientras tanto, el caso sigue generando fricciones entre el Gobierno y la oposición. El PSOE insiste en que se trata de una causa sin base, mientras que PP y Vox denuncian un presunto uso partidista de las instituciones. El desenlace judicial, aún por concretar, podría tener repercusiones políticas en un contexto ya tensionado por otros procesos similares.