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La reciente contingencia nacional nos ha puesto frente a una de las expresiones más explícitas de la deriva protofascista que atraviesa al espectro de las derechas chilenas. El tratamiento mediático y político en torno al caso de los supuestos niños migrantes de nacionalidad haitiana desaparecidos desnudó una preocupante matriz discursiva. Ante una mínima oportunidad de rédito político, los liderazgos y coaliciones de este sector —desde los extremos hasta las facciones más moderadas— instrumentalizaron la situación desatando una retórica persecutoria. En este despliegue, dominado por sesgos de supremacismo racial, se omitió deliberadamente el fondo humano del asunto: que se trataba de procesos legítimos de reunificación familiar amparados por el derecho internacional humanitario, como lo han ido explicando representantes de la comunidad haitiana en Chile, cuando le han dado la oportunidad de responder como actores principales.

Poir Pablo Monje-Reyes

Asistimos a una operación de saturación de la opinión pública, orquestada y amplificada por medios de comunicación que responden a los principales conglomerados económicos del país. Esta sinfonía de bravatas populistas y discursos xenófobos parece ignorar las lecciones más elementales de la historia reciente. Jugar con lógicas supremacistas frente a comunidades en situación de asilo no solo vulnera a poblaciones históricamente postergadas, como la infancia del pueblo hermano haitiano, sino que busca deslegitimar ética y políticamente a los sectores de nuestro sistema político que promueven políticas de solidaridad y derechos humanos.

Los actores detrás de esta ofensiva no son ajenos a nuestra historia: son los herederos discursivos e ideológicos de quienes justificaron la violación sistemática de los derechos humanos ejecutada por el aparato estatal durante los 17 años de dictadura cívico-militar. Asimismo, el aparataje mediático involucrado es el mismo que en el pasado editorializó y encubrió persecuciones políticas. Esto es parte de nuestra historia y no se puede olvidar. Como ha sido la tónica histórica de estos sectores, no habrá disculpas ni asumirán responsabilidades. Por el contrario, la estrategia de repliegue consistirá en culpar a la burocracia estatal, argumentar falta de información o desviar el foco hacia supuestas deficiencias en la modernización del Estado.

El verdadero peligro radica en que el neofascismo no solo avanza en las instituciones, sino que coloniza el sentido común a través de agendas mediáticas inescrupulosas. Al validar estos marcos argumentativos bajo un falso manto de «objetividad», ciertos sectores del debate público terminan pavimentando el camino para la persecución de proyectos democráticos y la configuración de una sociedad abiertamente iliberal, que se sustenta en un debilitamiento del Estado de derecho y de la separación de poderes, restricción de las libertades civiles y de los derechos fundamentales, y que por último, elecciones sin contenido democrático real, con sistemas electorales que solo de validación del grupo en el poder. Es urgente que el arco político democrático reflexione: ¿qué significa un orden iliberal?, porque cuando el neofascismo prescinda de contrapesos y conquiste la totalidad del poder e implemente un modelo iliberal, aquellos que hoy actúan amplificando argumentos serán las próximas víctimas de la intolerancia que hoy ayudan a normalizar.

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