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“El gobierno está provocando a la gente”. “La olla a presión que están instalando va a estallar”. “El gobierno está casi incitando a que haya una respuesta”. “Van a tener conflictividad, van a tener problemas”.

Las joyitas esgrimidas por algunos dirigentes de izquierda son tan variadas como inaceptables.

Porque no habiendo transcurrido siquiera diez días desde el cambio de gobierno, ya empiezan a advertir –de manera velada y no tanto– sobre lo que podría ocurrir si José Antonio Kast intenta cumplir con su programa.

En el fondo, la amenaza de la violencia callejera cuando gobierna la derecha.

Y eso no es admisible en una sociedad democrática. Quien gana las elecciones, quien obtiene una mayoría ciudadana, tiene el legítimo derecho a materializar sus promesas de campaña. Siempre que cumpla con una premisa fundamental: el respeto irrestricto a las reglas del juego. Si necesita leyes, que las tramite el Congreso. Y si no tiene mayorías, que las construya. Si requiere reglamentos, que los vise en Contraloría. Y si necesita recursos públicos, que los administre con probidad. En resumen, que se ciña a las normas del Estado de Derecho.

La verdadera prueba para un demócrata es precisamente esa: permitirle gobernar a quienes ganaron, aunque no le gusten. La coherencia democrática se mide sobre todo en la derrota. Quien no está dispuesto a aceptar aquello es un demócrata fake. Alguien que acepta el veredicto popular solo cuando le conviene.

El presidente Boric podrá quejarse de muchas cosas. De que tuvo mala suerte (la Convención Constituyente fue una tragedia). De la incapacidad de los propios (el Excel claramente no era su fuerte). Del exceso de severidad de la prensa (algo de eso hubo). De lo dura que fue la oposición republicana (difícil negarlo). La letanía puede ser extensa.

Pero de lo que no puede quejarse es que cuando requirió de la oposición –o al menos a una parte de ella–, tuvo disposición (y votos) para avanzar en varias de sus iniciativas. Si no, ¿cómo se explica la Ley de 40 horas, la reforma previsional o la Agenda de Seguridad, habiendo tenido minoría en el Congreso? Es cierto que no fueron las leyes que seguramente soñó, pero de eso se trata de la democracia, de acercarse a lo deseado mediante el arte de lo posible.

Más aún. Cuando estuvo al borde del knock out luego de la monumental derrota del plebiscito de 2022, la centroderecha se allanó a tenderle una mano dándole continuidad al proceso constitucional, en una decisión que tuvo altos costos políticos y electorales para dicho sector.

La oposición tiene todo el derecho a oponerse a la agenda del presidente Kast (quien hasta ahora no ha hecho nada distinto de lo que prometió). Y para ello tiene múltiples herramientas: puede votar en contra de las leyes que se presenten o recurrir a Contraloría cuando se reingresen los decretos retirados. También hay instituciones a las que puede acudir en caso de dudas: Tribunal Constitucional, Consejo para la Transparencia, Ministerio Público, etc. Por último, pueden escribir columnas, ir a programas de televisión o indignarse en las redes sociales. Caminos no le faltan.

Pero lo que no es legítimo, lo que rompe el fair play, es tentar al destino mediante el chantaje del caos. Esa historia ya la conocemos y casi se lleva nuestra democracia.

El gobierno, ciertamente, tiene que poner lo suyo. Su deber es cumplir lo prometido –para eso lo eligieron–, pero también actuar con empatía y prudencia. Parafraseando a Miguel de Unamuno, no solo debe vencer, además debe convencer.

Es de esperar que la centroizquierda –y el propio Gabriel Boric– hayan hecho los aprendizajes y marquen la diferencia. Por el bien de Chile y por el de ellos mismos.

Por Gonzalo Blumel, Horizontal.