El Ciudadano
Una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 de Buenos Aires sacude al gobierno de Javier Milei, al señalar directamente a sus principales funcionarios económicos por la presunta malversación de fondos públicos destinados al mantenimiento de la red vial nacional de Argentina.
La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional impulsó la acción judicial que involucra al ministro de Economía, Luis Caputo; al de Desregulación, Federico Sturzenegger; al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni —actualmente bajo investigación por una causa de presunto enriquecimiento ilícito— y a la cúpula directiva del organismo descentralizado.
El monto cuestionado asciende a 400.000 millones de pesos argentinos (alrededor de US$ 30 millones) provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya recaudación por ley debe destinarse exclusivamente al desarrollo y conservación de la infraestructura vial del país austral.
Retención de partidas y desvío de fondos destinados a rutas
La mecánica del desvío, según detalla el escrito judicial al que accedió Página/12, consistió en la retención sistemática de partidas con asignación específica durante los últimos ejercicios fiscales. La Ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado por el ICL debe transferirse automáticamente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda habrían retenido cerca de 400 mil millones de pesos argentinos, redirigiendo esos recursos hacia la compra de títulos públicos y bonos para sostener las cuentas del Tesoro Nacional, en lugar de invertirlos en el mantenimiento de rutas y autopistas.
“El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, se explica en la denuncia.
El resultado de esta maniobra es una situación crítica para Vialidad Nacional, ya que el organismo registra una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual aprobado, lo que de acuerdo con el documento expuesto por el medio citado pone en riesgo “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial del organismo.
Vías en abandono bajo la gestión de Milei
Bajo la administración de Milei, la red troncal del país vecino se encuentra en estado de abandono, sin planes de inversión a corto ni mediano plazo. Esta descapitalización no representa un ahorro fiscal, sino un costo futuro mucho mayor, se prevé que cada peso que hoy no se invierte en conservación preventiva demandará un monto entre 4 y 10 veces superior (medido en dólares) para poder reconstruir el pavimento una vez que colapse.
Los caminos argentinos reflejan pozos persistentes, deformaciones por el tránsito pesado, ausencia de demarcación horizontal y banquinas intransitables y la falta de mantenimiento preventivo multiplica el riesgo de siniestros viales severos. A esto se suma la paralización total de obras estratégicas, incluyendo aquellas con financiamiento internacional, por incumplimiento en los pagos a empresas contratistas.
La denuncia también alcanza al vaciamiento sistemático del capital humano técnico de Vialidad Nacional. Según el texto presentado, Sturzenegger habría falseado informes de gestión para justificar el desmembramiento institucional, alterando métricas operativas y abultando indicadores de maquinaria por empleado con el propósito de convalidar el achicamiento de la planta permanente.
Terror laboral para acallar objeciones
El sindicato denunció la instauración de un “régimen de terror laboral” a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos, con traslados compulsivos, intimaciones de jubilación forzosa y ceses directos sin derecho a defensa. El objetivo, advierten, es «acallar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega de corredores públicos a operadores privados en condiciones desfavorables para el Estado».
“Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance”, aseguró al diario citado, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, quien además impulsa en el Congreso un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles.
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