La abogada Karinna Fernández, en representación de víctimas del caso Vega González y Otros versus Chile, presentó un requerimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric, acusando el incumplimiento de una sentencia internacional dictada en marzo de 2024.
La acción apunta a la falta de ejecución de una de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal, específicamente la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, obligación cuyo plazo máximo venció en septiembre de 2025 sin que hasta ahora se haya concretado.
En el escrito presentado ante la Corte IDH, Fernández comunicó formalmente la negativa del mandatario a participar en la ceremonia ordenada en el Punto Resolutivo 13 del fallo. “Comunico formalmente la negativa de S.E. el Presidente de la República a participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado en el Punto Resolutivo 13 de la Sentencia del caso Vega González y otros Vs. Chile”, señala el documento.
El requerimiento agrega que, frente a esta negativa, “el Estado sugiere que el acto se desarrolle únicamente con autoridades ministeriales y en dependencias de la Cancillería, y reconoce expresamente que el plazo para dicho cumplimiento venció en septiembre de 2025”.
Por esta razón, las víctimas solicitaron que el tribunal internacional declare formalmente el incumplimiento, argumentando que la propuesta estatal “no satisface los criterios de solemnidad, jerarquía y oportunidad exigidos por la Sentencia”.
“Un incumplimiento flagrante”
A juicio de la abogada, la postura del Ejecutivo vulnera los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En el documento se sostiene que la negativa presidencial, “comunicada a escasos días del término de su mandato, constituye un incumplimiento flagrante de la modalidad y solemnidad requeridas para un caso de esta magnitud”.
En declaraciones posteriores, Fernández lamentó la decisión del jefe de Estado y cuestionó las prioridades de la agenda presidencial. “Lamentamos la negativa del Presidente a participar de un acto y también lamentamos ver cómo la agenda sí ha estado dedicada a recibir honores por parte de Carabineros, y también a otorgar honores a generales de las distintas Fuerzas Armadas y de Orden”, señaló.
Añadió que “uno esperaría que los cierres de estos procesos sean prioritarios respecto de sentencias que se dictaron en su gobierno y audiencias que tuvimos en contra también de este gobierno en sede internacional”.
Antecedentes
El caso Vega González y Otros vs. Chile es considerado uno de los fallos más relevantes dictados contra el Estado chileno por la Corte IDH. En su sentencia del 12 de marzo de 2024, el tribunal estableció que Chile violó los derechos de 49 víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante la dictadura militar.
El fallo apuntó directamente a resoluciones de la Corte Suprema, que entre 2007 y 2010 aplicó la figura de la “media prescripción” para reducir las penas de responsables de crímenes de lesa humanidad, determinando que dichas rebajas eran desproporcionadas y contrarias a las obligaciones internacionales del Estado.
Además de ordenar la revisión de las condenas, la Corte IDH instruyó al Estado chileno a realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, como parte de las medidas de reparación simbólica hacia las víctimas y sus familias.
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