Melilla, 19 mar (EFE).- La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical de STEs ha denunciado públicamente que diferentes administraciones autonómicas y locales están realizando un uso indebido de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista y ha exigido al Gobierno central un mayor control.
En una nota, este órgano autónomo feminista, que unifica las Áreas de Mujer de todo el país del sindicato de enseñanza STEs, ha cifrado en más de un centenar los casos de uso indebido de estos recursos por parte de corporaciones locales de todo el Estado y de distinto signo político.
Según ha dicho, con los fondos del Pacto de Estado se están financiando actividades que nada tienen que ver con la prevención, la protección y la reparación de las mujeres víctimas y ha puesto como ejemplos “talleres y eventos que banalizan la violencia machista o que directamente se orientan a otros objetivos, como actividades lúdicas del 8M, clases de costura o zumba, y actos o festivales”.
La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical ha alertado del “grave deterioro” que esto supone para las políticas públicas contra la violencia machista.
“Estos fondos fueron concebidos como un instrumento extraordinario para reforzar servicios, programas y recursos frente a la violencia contra las mujeres, no como una bolsa genérica para financiar agendas políticas o festivas de las corporaciones”, ha dejado claro esta entidad.
A su juicio, “esta deriva vacía de contenido una herramienta esencial, diluye la responsabilidad institucional y vulnera el compromiso político adquirido con las víctimas”.
Por ello, ha exigido al Gobierno “medidas efectivas de control, devolución de fondos y sanción de las prácticas que encajan en la malversación de caudales públicos”, por lo que ha defendido la necesidad de interponer acciones legales cuando corresponda.
También ha solicitado al Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que publiquen un catálogo cerrado de actuaciones financiables con cargo a estos fondos, que han aumentado su dotación hasta los 1.500 millones de euros, lo que “exige una fiscalización exhaustiva y transparente para garantizar su correcta ejecución”.
Por último, ha anunciado que promoverá iniciativas sindicales, sociales y jurídicas “para asegurar que cada euro del Pacto de Estado se destine a lo que fue comprometido: la vida, la seguridad y los derechos de las mujeres”. EFE
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