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Funcionarios denuncian “retroceso estructural” tras término de Unidad de Pueblos Indígenas en Ministerio Bienes Nacionales

El equipo del nivel central de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales manifestó su “profundo lamento” por la decisión de la ministra Catalina Parot y el subsecretario Javier Peró de poner término a esta instancia, creada para abordar demandas territoriales indígenas iniciadas en 1999 y formalizadas en 2017 ante el aumento de casos en la macrozona sur.

Según el comunicado, la cartera —encargada de administrar el suelo fiscal del país— ha tenido un rol clave en la regularización de tierras indígenas, amparada en normativas como los decretos 1.939 y 2.695, y en la Ley Indígena 19.253. En ese marco, destacan su vínculo con procesos como la restitución de tierras, transferencia de inmuebles fiscales a la CONADI y la resolución de conflictos territoriales en diversas zonas del país.

El documento subraya que el trabajo de la Unidad fue determinante en casos emblemáticos, como el acuerdo amistoso con la comunidad aymara de Chusmiza-Usmagama, la consulta indígena por el Parque Nacional Puyehue, conflictos en Rapa Nui por el aeropuerto Mataveri y múltiples procesos de regularización de tierras en la macrozona sur. Estos avances, sostienen, contribuyeron a la justicia territorial entre el Estado y los pueblos originarios.

Asimismo, indican que la continuidad de esta labor fue posible gracias a un proceso institucional que se mantuvo durante los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Sin embargo, acusan que el 19 de marzo, bajo el mandato de José Antonio Kast, se resolvió el cierre mediante la Resolución N°386, sin evaluaciones, reportes oficiales ni instancias de diálogo con el equipo.

El comunicado denuncia además que no hubo notificación formal a los funcionarios, ni siquiera a las jefaturas correspondientes, y que la medida se ejecutó abruptamente con el despido de la mayoría del equipo central. A esto se suma que la decisión habría sido justificada por instrucciones del Ministerio de Hacienda, argumento que califican como “disonante”, ya que el presupuesto de la Unidad provenía en gran parte de transferencias de CONADI.

Finalmente, el equipo advierte un “retroceso estructural” en las responsabilidades del Estado hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuestionando la falta de ética pública en la decisión. En esa línea, hacen un llamado a trabajadores del sector público —incluyendo ANFUBIENES y ANEF— y a las comunidades indígenas a defender el servicio público, continuar sus trámites y exigir sus derechos ante el Ministerio.

Ver declaración completa. Difusión vía: Karen Glavic

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