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En momentos en que en nuestro país vemos a una senadora que, llena de desidia frente al dolor del desempleo femenino, intenta persistentemente que fracase el proyecto de sala cuna; en que algunas parlamentarias ultraconservadoras parecen olvidar que ocupan un escaño en el Congreso gracias a que otras les abrieron la puerta, acusando de victimismo los problemas reales de las mujeres; y en que en Estados Unidos el movimiento “tradwifes”, liderado por las traditional wives, promueve inconcebiblemente sustituir el voto femenino por uno familiar —que sería ejercido en la práctica por el marido—, es apremiante recordar nuestra historia para conocer las desigualdades fundantes de los derechos políticos en Chile que son la causa de las brechas persistentes. Y valorar los avances en este camino aún inconcluso.

El voto municipal femenino se logró en 1934, cuatro décadas después que los hombres, quienes votan en las elecciones municipales desde 1891. El derecho a voto presidencial demoró aún más, hasta 1949, ejerciéndose por primera vez en la elección de 1952, más de un siglo después que el voto masculino.

Respecto a la posibilidad de ser parlamentarias y candidatas a la presidencia de la República, las mujeres tuvieron el derecho por la misma ley de sufragio universal de 1949, 138 años después que los hombres. La primera diputada fue Inés Enríquez en 1951 y la primera senadora fue María de la Cruz Toledo en 1953.

Esta desigualdad fundante en los derechos políticos arrastra un desequilibrio parlamentario: las mujeres actualmente son el 34% en la Cámara de Diputadas y Diputados y el 32% en el Senado. Y la representación sería más baja aún si no fuera por la Ley N° 20.840 de 2015, la cual estableció que en las candidaturas parlamentarias ni hombres ni mujeres pueden superar el 60% del total de postulaciones, mediante una cuota transitoria para las elecciones entre 2017 y 2029.

Esta “ley de cuotas” incluyó además un financiamiento especial a las candidaturas parlamentarias con un incentivo económico directo a los partidos que resulten con mujeres electas. Antes de la ley, la Cámara contaba con tan solo un 16% de representación femenina y el Senado con un 18%. Así, el número de diputadas más que se duplicó y de senadoras se elevó en un 70% al incluir equilibrio en las listas, sin alterar los resultados de las urnas.

En cuanto a la presidencia de la República, la primera y, hasta el día de hoy, única mujer en ocupar el cargo ha sido la presidenta Michelle Bachelet, iniciando el primero de sus dos períodos en 2006: 180 años después del primer presidente, Manuel Blanco Encalada.

Nuestros plenos derechos políticos son una conquista adquirida apenas hace siete décadas tras más de un siglo de exclusión. Conocer nuestra historia nos permite comprender que la igualdad de derechos no fue concebida desde el origen, con consecuencias de rezagos aún persistentes. También nos ayuda a ver que una ley que apoya candidaturas, como la de cuotas transitorias en las listas parlamentarias, no vulnera ni la democracia ni el mérito, sino que es profundamente justa por hacerse cargo de una génesis que no consideró a la mujer como sujeto igual ante la ley.

Creo especialmente importante revisitar el pasado para que hoy algunas mujeres con responsabilidad política en Chile no olviden a las mujeres que las precedieron, como tampoco a las actuales a quienes les deben, a lo menos, respeto.

*La autora de la columna es presidenta ejecutiva de ChileMujeres