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Tras el despacho del megaproyecto por parte del Senado, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), le pidió al senador Javier Macaya (UDI) y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que posaran para una selfie.

A la fotografía, que fue subida a su cuenta de Instagram, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), le dio un “me gusta”.

Núñez, junto a Macaya y el senador Rodolfo Carter (independiente republicano), entre otros, habían sido decisivos en la presión para que Quiroz, a pesar de las críticas, se sentara a negociar.

Si bien en su paso por el Senado el jefe económico del Ejecutivo fue estricto y no movió ni una coma de la rebaja de impuestos a las empresas de un 27% a un 23% -aun cuando no pudo imponerse para que esa reducción llegara a 22%-, tuvo que ceder en un par de puntos, incluso en dos normas que eran parte del corazón de la iniciativa: la invariabilidad tributaria y el crédito al empleo.

El plan original de La Moneda era conceder una invariabilidad de 25 años para nuevas inversiones superiores a 50 millones de dólares. Tras una fallida negociación con los senadores del PPD, el gobierno igual mantuvo la fórmula preacordada y escalonada de 10 años para US$ 50 millones, 15 años para US$ 100 millones y 20 años para US$ 350 millones.

El crédito tributario al empleo, en tanto, que era la política más costosa de la megarreforma, fue atenuada en forma drástica, de US$ 1.670 millones de gasto fiscal inicial, ahora llegaría como máximo a los US$ 150 millones, con un foco exclusivo para empresas exportadoras y de tecnologías. Con ello, la merma producto de la menor recaudación fiscal, al menos, fue mitigada, tal como se habían propuesto, como meta secundaria, los comités de oposición, al constatar que el ministro de Hacienda y el oficialismo tenían los votos justos (26 senadores) para “pasar máquina”.

El objetivo más realista fue parte de la carta, coordinada por la senadora Yasna Provoste (DC), que le entregaron los legisladores opositores a Quiroz y Alvarado, el pasado 24 de junio, cuando el Senado aprobó la idea de legislar de la megarreforma. En esa ocasión, en la que el senador Pedro Araya (PPD) se abstuvo en señal de apertura al diálogo, a los opositores les quedó claro que no podían doblegar al Ejecutivo.

La mesa de Núñez

A pesar de aquella demostración de fuerzas, la presidenta del Senado temía que por cualquier imprevisto esa mayoría se desarmara y se propuso como meta tratar de ampliar la base de apoyos.

De hecho, previamente, en un episodio que molestó a Quiroz, Núñez había propuesto aplazar el día de la votación en general, lo que finalmente no fue acogido en su sector.

No conforme con ello, la senadora de RN llamó al ministro, el domingo 28 de junio -tras la aprobación de la idea de legislar en la sala- para que la recibiera en su casa. Fue en ese acercamiento, en el que aprovecharon de “tomar once”, en que el ministro se abrió a conformar una mesa de diálogo.

El empujón final se lo dieron los senadores Carter, Macaya y Luciano Cruz-Coke, quienes, además de Núñez, se reunieron con el titular de Hacienda el miércoles siguiente en la mañana.

Ese mismo día en la tarde, la mesa de diálogo se constituyó. Núñez había logrado su objetivo convenciendo a regañadientes no solo al ministro, sino que a senadores de oposición y del oficialismo.

Aunque muchos dudaban de los resultados de esa mesa, que solo tuvo dos encuentros, su principal logro fue el entendimiento en materia de crédito al empleo, que se aprobó por 48 votos a favor. La instancia dejó encaminada, además, la concesión que hizo Hacienda sobre la invariabilidad.

Este jueves en la madrugada, Quiroz agradeció a Núñez, “cuya mesa de diálogo fue muy fundamental, porque independientemente de que se hayan logrado o no determinados acuerdos concretos, permitió enriquecer muchos aspectos de este proyecto”.

El guardián de la doctrina

El papel de Macaya, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, fue distinto al de Núñez.

Aunque coincidió en algunas acciones con la titular de la Cámara Alta, fue el principal aliado de Quiroz para preservar el ritmo de tramitación del megaproyecto y evitar desbordes con indicaciones que fueran inconstitucionales, aun cuando rechazarlas implicaba asumir una postura impopular.

Incluso, algunos senadores bromeaban que era el único oficialista en la comisión, ya que los otros integrantes del sector, la senadora María José Gatica (RN) y Carter, marcaron sus matices.

Salvo cuatro medidas secundarias que la izquierda logró aprobar a contrapelo de La Moneda, sacó en limpio el corazón de la megarreforma (los ajustes tributarios).

Además, desde su comisión, despachó la iniciativa en tiempo récord a mediados de julio. Incluso antes de la fecha tope que barajaba el Ejecutivo (a fines de mes), sin trasnoches, ni sesiones de fin semana y con menos polémicas que las que se dieron en la Cámara.

Otro puente con la oposición

También hubo otro sigiloso protagonista en la Comisión de Hacienda en los intentos por tender puentes con la oposición y tratar de bajarle el espíritu más polarizante que algunas figuras oficialistas trataron de imprimirle al proyecto.

Desde hace años, el senador Carter tiene una fluida comunicación y una amistad con el senador Araya (PPD), quien, a su vez, tiene una relación distante y competitiva con Núñez, al ser ambos representantes de la Región de Antofagasta.

Antes de llegar al Congreso, el mismo exalcalde de La Florida había revelado que veía en Araya a un interlocutor importante de la oposición al Presidente José Antonio Kast.

En la comisión, si bien defendió gran parte del proyecto, criticando a los legisladores opositores, también tuvo momentos de flexibilidad para apoyar propuestas de la izquierda que le parecían interesantes, por ejemplo, la enmienda sobre el derecho al olvido financiero de la senadora Daniella Cicardini (PS).

También apoyó las conversaciones para sellar un pacto con los senadores del PPD en materia de invariabilidad. De hecho, estuvo en una reunión-almuerzo encabezada por Núñez con los legisladores de esa colectividad opositora.

El indomable

En estos diálogos y los intentos de la oposición para alinearse, Araya (PPD) fue uno de los casos intratables.

El senador por Antofagasta optó por un camino solitario y negociar directamente con Quiroz y Alvarado, apoyándose de alguna forma en Carter.

La idea de hacer un mecanismo de invariabilidad escalonado surgió de sus conversaciones con el Ejecutivo y fue quien elaboró uno de los borradores del grupo de legisladores PPD. El otro fue del senador Ricardo Celis (PPD).

Aunque el pacto fracasó, por el fallido intento de Quiroz de bajar aún más impuesto a las empresas, Araya se abstuvo al votar la invariabilidad, en señal de que el ánimo de seguir dialogando con el Ejecutivo sigue abierto. La misma postura había adoptado cuando el megaproyecto se votó en general.

Las almas de Provoste

Dentro de los pocos temas que pudo celebrar la oposición, además de cuatro normas secundarias, lo más aplaudido fue la mitigación de la norma sobre el crédito al empleo, que fue resultado de la presión de diversos expertos que no recomendaban esa medida.

El Comité Unido, liderado por Provoste (DC), logró ponerse a la cabeza de esa presión. En respuesta, los equipos técnicos de ese grupo opositor proponían derechamente eliminar el crédito y reemplazarlo por una ampliación del Subsidio Unificado al Empleo.

Sin embargo, la gran dificultad del Comité Unido (que integra a la DC, al PC, al Frente Amplio y a la Frevs) era coordinar una estrategia común que representara a las distintas almas de ese grupo diverso.

De hecho, ciertas negociaciones sobrevivieron de la mesa de diálogo, de la que el PS, el Frente Amplio y el PC se restaron, porque precisamente Provoste, a pesar de haber estado a la cabeza del grupo más resistente a la megarreforma, nunca le dio un portazo al diálogo. Finalmente, esas conversaciones que se mantuvieron desde el equipo de la DC para atenuar el crédito al empleo tuvieron frutos al encontrar apertura en el Ministerio de Hacienda.

En la sala, sin embargo, la senadora DC nunca abandonó tampoco el rol de oposición dura -“terrible”, a juicio algunos legisladores oficialistas- y, hasta el final, hizo valer reclamos en la tramitación que hicieron tortuosa para el gobierno la jornada de votaciones. “La senadora reclama como si reclamaran 10″, resumió una autoridad gubernamental.

El resultado de aquel doble juego, dialogante y, a la vez, severo, fue que el heterogéneo Comité Unido actuara mucho más alineado que el otro grupo opositor que integra al PS, al PPD y al Partido Liberal.

Duelo socialista

A pesar de que el Comité Socialismo Democrático está unido por una visión ideológica común, nunca pudo resolver sus fisuras internas.

De hecho, los senadores PPD, que ya actuaban dispersos por el papel de Araya, llegaron a desmarcarse para sellar un acuerdo con el gobierno, que finalmente tampoco se materializó

En el PS se dio otro duelo particular entre dos tesis en torno a la megarreforma.

Por un lado, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, promovía un acercamiento con el gobierno y, según la versión de algunos personeros gubernamentales y de dirigentes socialistas, estaba dispuesta a lograr un acuerdo, aunque fuese parcial.

Públicamente, Vodanovic admitió que su ánimo era mitigar los efectos negativos que iba a tener el proyecto gubernamental.

En La Moneda, siempre apostaron por ella. Incluso, la invitaron a una reunión el lunes 22 de junio con todos senadores PS para tratar de sellar un pacto, días antes de que se votara en general la iniciativa. Para el gobierno, incluso, era óptimo que los socialistas se abstuvieran en señal de diálogo.

Sin embargo, inesperadamente Vodanovic sumó a esa cita a los senadores del Frente Amplio Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, y la conversación no fluyó como se esperaba.

En ese encuentro quedó claro el peso interno que estaba ejerciendo la senadora Cicardini, quien era partidaria de una tesis completamente contraria y promovía el rechazo de toda la megarreforma.

Aunque algunos ponen en tela de juicio la incidencia de Cicardini en el Comité Socialismo Democrático, al menos se convirtió en un freno para los acercamientos que estaba liderando Vodanovic y terminó anticipando mejor la postura que adoptaría el PS.

Tras una dura reunión realizada la semana pasada, el jefe del Comité Socialismo Democrático, Juan Luis Castro, anunció el fin de la mesa conformada por Núñez y la inminente presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, lo que implicaba dinamitar el proceso de diálogo.

Las jugadores de la Cámara

Superado el capítulo del Senado, la Cámara revisará en tercer trámite solo los últimos ajustes del megaproyecto. No se vota todo el articulado, solo lo que fue objeto de cambios.

En el anterior trámite, la discusión estuvo marcada por el papel de algunos diputados.

Ante la amenaza de un tsunami de indicaciones, promovida por el diputado Jaime Araya (indep. PPD) y ciertas jugadas protagonizadas por sus pares Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio), el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, debió asumir el papel más estricto de la tramitación.

Fue el encargado de manejar los ritmos del debate, el que cortó sin ningún complejo, incluso enemistándose con sus pares opositores, para ajustarse a los plazos solicitados por el ministro Quiroz.

El diputado Diego Schalper (RN) fue otro de los incidentes en esta etapa, a pesar de que su rol incomodó al Ejecutivo y sus aliados en el oficialismo. Fue el que echó abajo la norma sobre liberar la propiedad intelectual para plataformas de inteligencia artificial y se opuso al fin de la franquicia tributaria del Sence, que el gobierno se vio obligado a modificar completamente en el Senado.

El paso de la megarreforma por la Cámara, sin embargo, solo pudo ser sorteado gracias a los votos del PDG y, en especial, de su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela.

Si bien el Partido de la Gente se comprometió a apoyar la idea de legislar, dio libertad de acción en el articulado en particular, que fue aprobado gracias a un puñado de votos, entre ellos el del mismo Valenzuela.