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A través de documentos oficiales, exautoridades aclararon que la desvinculación de Eleonora Espinoza fue un proceso autorizado por la administración de Piñera.

La polémica inició con un reportaje de T13 donde se acusó al gobierno de Gabriel Boric de desvincular a la exjefa de la Subdere, Eleonora Espinoza, mientras enfrentaba un tratamiento oncológico. Sin embargo, este viernes 24 de abril, Miguel Crispi y Giorgio Jackson contraatacaron publicando el decreto de renuncia de la afectada, el cual fue tramitado y aceptado el 28 de febrero de 2022 por la gestión de Sebastián Piñera, desestimando así las acusaciones de una persecución política o falta de humanidad en el inicio de su periodo.

El conflicto escaló cuando el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró haber intercedido por Espinoza semanas antes del cambio de mando. Según el jefe comunal, él conversó con Jackson y Crispi para solicitar que la mantuvieran en su cargo por razones de salud, asegurando que «hablé con los recién designados pidiendo que la mantuvieran como profesional a contrata solo hasta agosto para terminar su tratamiento. El 11 de marzo en la mañana la echaron aún convaleciente», sostuvo Desbordes mediante sus redes sociales.

Ante estos dardos, el exsubsecretario Miguel Crispi emitió una declaración pública donde calificó la denuncia como una acusación «peor que cualquier otra» por el componente ético que involucra. En el documento, Crispi fue enfático al señalar que «su renuncia fue presentada y luego aceptada formalmente el 28 de febrero de 2022 por parte de la subsecretaria María Paz Troncoso», adjuntando el decreto exento número 386 que confirma que la salida fue voluntaria y decidida por el gobierno saliente.

Por su parte, Giorgio Jackson también utilizó sus plataformas para desmentir la versión de Desbordes sobre la cronología de los hechos. El exministro aseguró poseer registros que sitúan las gestiones del alcalde en una fecha posterior a la que este declara. «Tengo el registro de tu WhatsApp el 18 de marzo del 2022, sin contarme que en febrero su gobierno le había aceptado su renuncia. ¿Es necesario que muestre el pantallazo para que dejes de mentir?», cuestionó Jackson de forma directa.

La exfuncionaria aludida, Eleonora Espinoza, manifestó su descontento comparando su situación con otros casos recientes de salud en el aparato estatal. Ella reclamó que «nadie salió a levantar la voz, ninguna mujer, ninguna ministra», cuando ella solicitó permanecer un par de meses más para mantener la cobertura de su seguro médico tras una cirugía de reconstrucción mamaria. Según su testimonio, el ruego fue ignorado por las autoridades que entraban a la Subsecretaría de Desarrollo Regional el mismo 11 de marzo.

Desde el entorno de las exautoridades de Boric insisten en que no existió una comunicación formal sobre el estado de salud de la trabajadora durante el proceso de traspaso de mando. Crispi argumentó que negar el derecho a la salud por razones políticas sería una «actitud inmoral» y acusó al medio que difundió la noticia de dañar profundamente su honra. Debido a esto, el exsubsecretario confirmó que se encuentra evaluando acciones legales contra el canal de televisión y quienes resulten responsables de la publicación del reportaje.

La noticia abre la polémica sobre los criterios de confianza legítima y los protocolos de desvinculación en cargos de jefatura durante las transiciones de gobierno. Mientras la oposición acusa un «doble estándar» humanitario, las pruebas documentales presentadas por Jackson y Crispi apuntan a que el cese de funciones de Espinoza ya estaba sellado administrativamente por sus propios superiores de la época, mucho antes de que la administración de Boric tomara posesión de las oficinas de La Moneda.

Lee la declaración pública de Miguel Crispi:

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