El Ciudadano
Por Cristóbal Rodríguez, vocero nacional Modatima
Cada 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos, una fecha que nos recuerda una verdad fundamental: el océano no es un espacio vacío ni una fuente inagotable de recursos. Es el sistema que regula el clima, produce cerca de la mitad del oxígeno que respiramos, captura grandes cantidades de carbono y conecta todos los territorios del planeta.
Sin océanos sanos no existe seguridad climática, alimentaria ni hídrica. Sin embargo, mientras Chile enfrenta una de las crisis hídricas más severas de su historia, surge una pregunta incómoda: ¿Estamos resolviendo la escasez de agua trasladando los impactos ambientales desde las cuencas hacia el mar?
La reciente promulgación de la Ley N.º 21.813 sobre uso de agua de mar para desalinización abre un nuevo capítulo en la política hídrica nacional. Tras años de debate legislativo, Chile cuenta con una regulación específica para una industria que se ha instalado como una de las principales respuestas frente a la sequía y al agotamiento de las fuentes continentales.
La desalinización ofrece ventajas evidentes. Permite generar agua independiente de las precipitaciones, fortalece la seguridad hídrica en zonas costeras y puede transformarse en una herramienta importante para enfrentar escenarios de cambio climático. Pero, el problema no es la tecnología en sí misma, sino las condiciones bajo las cuales se desarrolla.
Hoy existen decenas de proyectos de desalación aprobados, en construcción o en evaluación. Según datos de la Corporación para la Infraestructura Pública y de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, la gran mayoría del agua producida se destina a la minería, mientras una fracción menor abastece al consumo humano.
Esa distinción no es menor, porque el agua que sale de una planta desalinizadora no es automáticamente apta para el consumo humano. Dependiendo del proceso y del uso final, puede requerir tratamientos adicionales. Pero lo que a menudo se omite en el debate público es que una parte importante del agua desalinizada que se emplea en aplicaciones industriales —sobre todo en minería— no necesita cumplir con los estándares de potabilidad. Y es precisamente esa agua la que, tras ser utilizada, retorna al entorno cargada de contaminantes.
Los residuos líquidos de estos procesos no solo contienen una elevada concentración de sales (la conocida salmuera), sino también metales pesados y otros compuestos químicos propios de la actividad industrial.
Si esos efluentes se depositan en suelos o cauces —ya sea por malas prácticas, accidentes o ausencia de regulación efectiva— pueden dañar de forma irreversible los suelos, los acuíferos y los ecosistemas costeros. Incluso cuando se descargan controladamente al mar, la acumulación de metales pesados y el cambio en el equilibrio iónico del agua afectan a las poblaciones de peces y otras especies.
Esto último golpea con especial crudeza a la pesca artesanal, que depende de ecosistemas costeros sanos y de ciclos biológicos estables, pero la pesca industrial tampoco queda exenta: la alteración de las cadenas tróficas y la posible migración de bancos pesqueros terminan por afectar a toda la actividad extractiva, con consecuencias económicas y sociales que rara vez se incluyen en los estudios de impacto ambiental.
Diversos estudios estiman que entre un 80% y un 85% del agua desalinizada en Chile tiene como destino la actividad minera. Esto obliga a cuestionar una narrativa ampliamente difundida: la expansión de las desaladoras no está siendo impulsada principalmente para garantizar el derecho humano al agua, sino para sostener actividades productivas altamente intensivas en el uso de recursos.
Al mismo tiempo, la evidencia científica demuestra que la desalación genera impactos que no pueden ser ignorados. La captación de agua de mar puede afectar organismos microscópicos, huevos y larvas que constituyen la base de las cadenas alimentarias marinas. Por otra parte, la descarga de salmuera —el residuo hipersalino que resulta del proceso— puede alterar las condiciones físicas y químicas de ecosistemas costeros sensibles, especialmente cuando los proyectos se emplazan en bahías con escasa circulación de agua o en zonas de alta biodiversidad.
El desafío, entonces, no es decidir entre desalación sí o no. La verdadera discusión es cómo, dónde, para quién y bajo qué condiciones se desarrolla esta industria.
Chile tiene la oportunidad de aprender de las experiencias internacionales y avanzar hacia un modelo de desalinización compatible con la protección de los ecosistemas marinos.
Diversas investigaciones y propuestas de política pública plantean medidas concretas: establecer zonas de exclusión para evitar instalaciones en áreas ecológicamente sensibles; exigir monitoreo permanente de los efectos sobre la biodiversidad; privilegiar tecnologías de captación que reduzcan la mortalidad de organismos marinos; regular estrictamente la descarga de salmuera; promover el uso de energías renovables en los procesos de desalación; y priorizar el abastecimiento humano y los sistemas de agua potable rural en contextos de escasez.
Estas medidas han sido identificadas como prioritarias para avanzar hacia un desarrollo sustentable de la industria en Chile.
El océano no es una fuente infinita de agua para sostener cualquier modelo de desarrollo. Tampoco es un espacio donde puedan externalizarse los costos ambientales de una crisis que tiene raíces mucho más profundas: sobreexplotación de cuencas, concentración de derechos de agua, degradación de ecosistemas y una gestión que históricamente ha privilegiado el crecimiento económico por sobre los límites ecológicos.
En el Día Mundial de los Océanos, la pregunta que deberíamos hacernos no es únicamente cómo producir más agua. La pregunta es qué tipo de relación queremos construir con el mar y con los territorios que dependen de él. Porque el océano nos conecta a todos. Lo que ocurre en sus aguas termina repercutiendo en nuestras costas, nuestras comunidades y nuestro futuro común.
Proteger los océanos y garantizar el acceso al agua no son objetivos contradictorios. Son, precisamente, parte de la misma tarea.
Cristóbal Rodríguez, vocero nacional Modatima
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