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El Ministerio Público acusó que luego de los allanamientos realizados para incautar artículos prohibidos o ilícitos, los gendarmes vendían estas especies u ofrecían devolverlas a cambio de dinero. Otra de las imputaciones fue que éstos “arrendaban” el patio del módulo para que los internos hicieran estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos de drogas o celulares.