El Ciudadano
“No puede ser que la principal respuesta del Estado sea perseguir judicialmente a quienes fueron parte de un sistema que falló en garantizar el derecho a la educación”, señaló la parlamentaria.
En respuesta a las primeras medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda durante la administración del Presidente José Antonio Kast, la diputada Nathalie Castillo anunció la presentación de un proyecto de ley que busca fortalecer las garantías de debido proceso en el cobro de créditos estudiantiles, particularmente del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa surge luego de que el Ejecutivo y la Tesorería General de la República (TGR) impulsara un plan de cobro compulsivo y masivo de estas deudas, justificándose bajo criterios de recuperación de “activos fiscales”. Sin embargo, la parlamentaria advierte que esta política desconoce la precariedad del mercado laboral y la incapacidad real de pago de miles de profesionales y técnicos en el país.
“La deuda educativa no es un delito. No puede ser que la principal respuesta del Estado sea perseguir judicialmente a quienes fueron parte de un sistema que falló en garantizar el derecho a la educación”, señaló la diputada Castillo.
En esa línea, la parlamentaria cuestionó que el Ministerio de Hacienda esté utilizando a la TGR para ejecutar cobros bajo reglas del Código Tributario, tratando deudas de carácter civil como si fueran obligaciones fiscales.
“Lo que hoy vemos es una distorsión grave: el Estado actúa como juez y parte, ejecutando embargos sin que las personas tengan una instancia real para defenderse. Eso vulnera garantías básicas del Estado de Derecho”, agregó.
Modificación legal
El proyecto propone modificar el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, que regula el financiamiento de la educación superior, incorporando un nuevo inciso que establece límites claros al actuar del Estado en los procesos de cobranza.
En concreto, la propuesta obliga a garantizar una instancia efectiva de defensa previa para que los deudores puedan oponer excepciones, como la prescripción de la deuda; exige intervención judicial suficiente, evitando que el procedimiento quede exclusivamente en manos de la administración y establece criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de medidas como embargos o retenciones.
“El Estado no puede saltarse el debido proceso. Si va a cobrar, debe hacerlo respetando las mismas reglas que cualquier acreedor en un juicio civil”, enfatizó Castillo.
Desde la diputación advierten que el problema no es solo el cobro, sino el origen estructural del endeudamiento. En muchos casos, deudas originalmente cercanas a $18 millones hoy superan los $40 millones, producto de intereses acumulados, mientras que las condiciones de repactación exigen pagos iniciales difíciles de cumplir.
A esto se suma que una parte importante de los deudores no cuenta con ingresos suficientes, lo que convierte los procesos de cobro en una amenaza directa a la estabilidad económica de miles de familias. Centenares de profesionales se han comunicado con la parlamentaria notificando su situación.
“Se está asfixiando a hogares completos con medidas como embargos, sin considerar su realidad. Esto no solo es injusto, es socialmente irresponsable”, sostuvo.
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