El diputado Jaime Araya solicitó formalmente a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, instruir un sumario administrativo en la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y en la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, a raíz de la elaboración de una minuta interna sobre el alza de los combustibles.

A través de un oficio, el parlamentario pidió investigar la elaboración y difusión del documento titulado “Minuta sobre el alza de los combustibles”, el cual —según acusa— contiene lineamientos dirigidos a autoridades de Gobierno para abordar comunicacionalmente el incremento en los precios de las bencinas.

Araya sostiene que el contenido de la minuta excede el carácter técnico o informativo, incorporando juicios de valor y afirmaciones políticas respecto de la administración anterior. Entre ellas, menciona referencias a un supuesto “Estado en quiebra” o a que “nos dejaron sin plata”, lo que, a su juicio, configura un uso indebido de recursos públicos con fines políticos.

El diputado también cuestiona que el documento incluya directrices explícitas sobre cómo estructurar un relato público y enfrentar críticas, lo que califica como un “intento de manipulación política de la opinión pública”, basado —según señala— en datos inexactos y afirmaciones falsas.

En el escrito, el legislador advierte que estos hechos podrían vulnerar el principio de probidad administrativa, al utilizar recursos estatales para fines que no responden al interés general. Asimismo, apunta a una eventual infracción al principio de objetividad y veracidad en las comunicaciones oficiales emanadas desde órganos del Estado.

Por ello, Araya solicitó que se instruya un sumario administrativo tanto en la Secom, encabezada por Felipe Costabal, como en la Dirección de Comunicaciones de Presidencia, liderada por Cristián Valenzuela, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas.

Además, pidió que, una vez iniciado el proceso, el fiscal a cargo evalúe la suspensión preventiva de los funcionarios involucrados mientras se desarrolla la investigación, conforme a la normativa vigente.

Finalmente, el parlamentario señaló que, por ahora, optó por no recurrir a la Contraloría General de la República, confiando en que la ministra adopte las medidas necesarias para esclarecer los hechos denunciados.