El Ciudadano
En noviembre del año pasado se conocieron antecedentes que involucran al actual diputado Erich Grohs. Un reportaje de The Clinic reveló información recopilada por el Ministerio Público y presentada ante el Juzgado de Vicuña, según la cual el parlamentario protagonizó una fuerte discusión con su pareja mientras conducía desde La Serena hacia Vicuña el 15 de diciembre de 2023.
Durante el altercado, la habría agredido con golpes de puño en las piernas, mientras ella sostenía en brazos a su hijo en el asiento trasero del vehículo.
Hoy, nuevos antecedentes vuelven a encender las alarmas respecto al ejercicio del diputado. Recientemente salió a la luz que Grohs se encuentra en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, con una deuda de siete años.
Si bien los deudores de alimentos tienen una serie de limitaciones en su vida cotidiana, como la retención de sueldos, devoluciones de impuestos y fondos bancarios, además de dificultades para acceder a créditos o recibir pagos del Estado. También pueden ver suspendida su licencia de conducir, tener prohibida la salida del país y, en casos de incumplimiento reiterado, arriesgar arresto. Sin embargo, estar en el registro no los limita a ocupar cargos públicos como el caso de Grohs, actualmente diputado.
No obstante, su permanencia en el cargo abre cuestionamientos éticos respecto de si una persona que mantiene una deuda por pensión de alimentos —y que además ha sido vinculada a denuncias de violencia intrafamiliar— debiera ocupar un puesto de representación ciudadana.
La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los estándares de responsabilidad y conducta que se esperan de quienes ejercen funciones públicas, especialmente cuando se trata de autoridades llamadas a legislar y tomar decisiones que afectan directamente a la ciudadanía.
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