El Ciudadano
El dirigente de FENAMINSA acusa que la administración de Kast frena la interoperabilidad de datos y contrata a oficiales retirados.
La crisis institucional en el nuevo Ministerio de Seguridad quedó al descubierto tras la renuncia de ingenieros clave y la salida de la ministra Steiner. El dirigente de la Federación Nacional del Ministerio del Interior y Seguridad (FENAMINSA), Cristián Inzunza, reveló este en el programa Sentido Común! de El Ciudadano que la administración desmanteló unidades técnicas esenciales e instaló a exuniformados en altos cargos civiles, contradiciendo el discurso oficial de reducir el gasto estatal.
El dirigente, con más de 20 años de trayectoria en la Subsecretaría de Prevención del Delito, explicó que el principal error de la administración fue ignorar la Ley 21.730. Según el representante de los funcionarios, esta legislación costó 18 años de discusión parlamentaria para transformarse en una política de Estado, pero las autoridades intentaron imponer planes de gobierno sin respetar el marco normativo vigente.
Inzunza advirtió que las autoridades desarmaron el trabajo técnico que buscaba la interoperabilidad de datos a través del Sistema Nacional de Seguridad. Esto provocó el quiebre de una oficina muy pequeña y especializada que seguía esta coordinación interinstitucional, deteniendo por completo los avances tras la desvinculación de los profesionales que diseñaban estas herramientas de información.
“La ministra decide primero remover a los ingenieros que estaban trabajando en el diseño, en el desarrollo de ese sistema. Y eso hace que el jefe de esa unidad, Fabián Hill, tome la decisión de renunciar habiéndose producido el despido de su equipo”, detalló Inzunza respecto al desmantelamiento técnico de la repartición.
Asimismo, acusó una profunda contradicción por parte del gobierno de José Kast debido a las promesas de campaña de eliminar la supuesta «grasa del Estado», exponiendo que el ministerio se llenó de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de las policías que hoy perciben millonarios dobles sueldos por parte de los fondos públicos.
En esa línea, Inzunza denunció que “llegan con sus pensiones de exuniformados que rondan los 3 millones y medio de pesos por concepto de pensión vitalicia. Tenemos ese tipo de funcionarios instalados en posiciones de jefatura y un jefe de división gana entre 7 u 8 millones”, agregando que “si a eso le sumo el número de recursos, supera incluso la renta del presidente de la República”, sostuvo en el programa.
El abogado Mauricio Daza, quien estuvo previamente en conversación con el director de El Ciudadano, Javier Pineda, en el mismo capítulo, respaldó la postura crítica manifestando que “la gestión de Steiner fue un desastre, es realmente vergonzoso lo que ocurrió ahí. Una persona que no demostró ninguna competencia para ejercer un cargo tan importante como el de ministro de seguridad pública en un contexto en el cual este es un tema relevante para la ciudadanía”, dándole así el respaldo al dirigente.
Finalmente, el entrevistado apuntó que este desembarco de exoficiales retirados rompe con el principio del mando civil de las fuerzas policiales establecido en la ley. Ante la llegada del nuevo ministro, Martínez Arrau, Cristián Inzunza advirtió que la opinión pública debe estar alerta para exigir que se retome el cumplimiento estricto de la normativa vigente y se devuelva la conducción de la seguridad a los equipos técnicos capacitados.
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