Ciudad de Guatemala, 4 ago (EFE).- Un juez de Guatemala ordenó este martes la medida de arresto domiciliario para dos líderes indígenas guatemaltecos, considerados "presos políticos" por diversas organizaciones sociales, encarcelados desde hace más de quince meses bajo cargos de terrorismo por liderar las protestas de 2023 en defensa de la democracia.
El proceso penal contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes fueron detenidos en abril de 2025, se remonta a las manifestaciones de octubre y noviembre de 2023, cuando pueblos indígenas encabezaron bloqueos masivos para exigir el respeto a las elecciones ganadas por el hoy presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, frente a los intentos de anular los resultados por parte de la Fiscalía entonces liderada por Consuelo Porras.
Porras salió del cargo en mayo pasado tras ochos años signados por denuncias en su contra por perseguir judicialmente a periodistas, activistas y políticos. Está sancionada por corrupción y por socavar la democracia por Estados Unidos y la Unión Europea.
El juez penal Mynor Moto revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de ambos exdirectivos de la organización indígena '48 Cantones de Totonicapán', dictó el arresto domiciliario y les impuso una fianza de 160.000 quetzales (unos 20.600 dólares) a cada uno.
Durante la audiencia, el juez también acató una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones para sumar el delito de asociación ilícita a los cargos ya existentes de terrorismo y obstrucción a la acción penal contra los acusados, y dio plazo hasta el 3 de septiembre próximo para presentar pruebas de descargo.
"El servicio comunitario no es cometer ningún delito. Recobrar la libertad es un paso grande para Guatemala, pero la caución (fianza) es muy elevada", declaró Pacheco tras salir de la audiencia celebrada este día para la revisión de cargos.
Además del pago de la fianza, la resolución judicial prohíbe a Pacheco y Chaclán salir del país, les exige firmar el libro de control una vez al mes y los inhabilita para ejercer cargos públicos.
Pacheco se desempeñaba como viceministerio de Energía y Minas antes de su captura.
En la misma sesión de este martes, el juzgado separó del caso a la extremista Fundación Contra el Terrorismo como querellante por no presentarse al tribunal.
Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado el caso de "criminalización", señalando que la privación de libertad preventiva de 15 meses superó el máximo de un año fijado por la legislación guatemalteca.
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