Bangkok, 13 may (EFE).- El exjefe de la Policía Nacional de Filipinas y senador Ronald "Bato" dela Rosa, requerido el lunes por la Corte Penal Internacional (CPI) por su presunta implicación en la sangrienta guerra antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte, permanece este miércoles atrincherado en el Senado y descarta entregarse por ahora, alegando que aún dispone de recursos legales.
"Puedo quedarme aquí mientras siga siendo senador", afirmó enfundado en una camisa distinta a la de los últimos días, en declaraciones recogidas por medios locales después de su segunda noche en el Senado, donde las detenciones requieren autorizaciones específicas.
El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra el exjefe de la Policía filipina, considerado presunto "coautor indirecto" del crimen de lesa humanidad de asesinato en la guerra contra las drogas de Duterte.
Durante el mandato del expresidente (2016-2022), entre 6.000 y 30.000 personas murieron en operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales en relación con la campaña antinarcóticos, según distintas fuentes.
Dela Rosa se atrincheró en el Senado el mismo día que se publicó la orden de la CPI, tras lograr escapar de agentes de la Oficina Nacional de Investigación que trataron detenerlo sin éxito, en una huida a la carrera por los pasillos del edificio.
En su tercer día confinado, el político de 62 años, citado por medios locales, ha instado a las fuerzas armadas a detener los intentos del Gobierno de arrestarlo y no prevé abandonar el Senado; apuntó que todavía tiene "recursos legales disponibles" y que podría instalarse allí para cumplir con sus funciones.
Dela Rosa reapareció el lunes en la cámara alta tras siete meses ausente para participar en una votación que aupó a la presidencia del Senado -dominado por la dinastía política de los Duterte- a Alan Peter Cayetano, quien lo mantendrá bajo "custodia protectora" a menos que una corte filipina ordene su detención.
El reemplazado por Cayetano, Tito Sotto, y otros cuatro senadores han presentado una moción instándolo a entregarse voluntariamente, pero Dela Rosa sostiene que su cooperación está ligada a los procesos legales que partan de la Justicia fIlipina.
"Espero que nuestro Tribunal Supremo sea justo y (...) esté libre de presiones", señaló.
La investigación de la CPI sobre Filipinas se centra en presuntos crímenes cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 en el marco de la llamada "guerra contra las drogas" de Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad y bajo custodia en La Haya desde marzo del año pasado.
La corte afirma que Dela Rosa contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante "escenarios ficticios de defensa propia". EFE
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